Nos están robando la democracia y los jueces están solos

Los jueces llevan años encendiendo todas las alarmas. Desde la misma llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018, con una trampa en nombre de la «higiene política» que él pisotea como nadie desde 1978, todo en su Gobierno ha sido un desafío a la independencia judicial, como si supiera desde el primer momento que iba a necesitar impunidad para salvarse y eso fuera imposible con un Poder Judicial autónomo.

Primero asaltó la Abogacía del Estado, después la Fiscalía General, más tarde el Tribunal Constitucional y por último lo intentó con el Poder Judicial, con una reforma caciquil que pretendía adaptar el sistema de elección de sus vocales a la exigua mayoría parlamentaria propia, saltándose la Constitución con un desparpajo sin precedentes.

Y vimos, también desde el primer momento, cuál era el plan: utilizó al fiscal general para acosar a un rival político incómodo, concedió indultos y amnistías ilegales o inmorales para comprarse un puesto negado en las urnas, blanqueó sus fechorías con sus delegados en el Constitucional, anuló la sentencia de los ERE y, paso a paso, intentó dar apariencia de falsa legalidad a todas y cada una de las concesiones infumables a la coalición de golpistas, terroristas y prófugos que le hizo presidente: el diagnóstico es duro, la frase suena muy fuerte, pero no es más que la traducción exacta de la concatenación de hechos y decisiones que jalonan la trayectoria de este peligro público.

De todo ello protestaron jueces, fiscales, abogados, colegios profesionales y, en fin, la práctica totalidad del universo jurídico, con la excepción de alguna asociación residual y de los tres o cuatro «juristas» de cabecera del Régimen, los Martín Pallín y compañía, siempre dispuestos a hacer de alfombra de los deseos inconfesables de su patrón.

Y así hemos llegado a este punto definitivo, a este match ball en el que se juega, nada menos, la estabilidad de la democracia: con esos antecedentes, el Gobierno pretende ahora anular procesos judiciales por corrupción alegando que proceden de «bulos»; quitarle la instrucción de los casos a los jueces para dársela a obedientes fiscales; prolongar cinco años la permanencia en el cargo de García Ortiz o uno similar; promover desde el Ministerio de Justicia la incorporación de jueces y fiscales ajenos a un proceso de oposición y paralizar el Tribunal Supremo hasta que pueda colocar en sus salas clave a los Conde-Pumpido de turno.

La secuencia de injerencias, más propia de Venezuela que de España, sería gravísima en cualquier tiempo y circunstancia y obligaría, en cualquier país con amor propio democrático, a parar todo lo demás y centrarse en la respuesta a este abuso escandaloso que, de prosperar, confinaría en el baúl de los recuerdos a la democracia conocida y la sustituiría por un sistema sumiso y adaptado a los caprichos y necesidades de un déspota.

Pero es escandaloso que todo ello se perpetre además en plena tormenta judicial, lo que añade al fin estrictamente político uno casi personal de los impulsores del atraco: librar a los suyos, y probablemente a sí mismos, de las consecuencias legales de sus reiterados excesos, de sus corruptelas, de sus bochornos y quizá de sus delitos.

En menos de un lustro España ha pasado de ver al juez Marchena emitir una sentencia impecable sobre el golpe de Estado en Cataluña a escucharle un lamento dolido en un ensayo, La justicia amenazada, que resume el delirante desafío democrático que encabeza Pedro Sánchez. Los jueces anuncian movilizaciones el próximo 11 de junio para que su alarma se extienda por todo el país y, si hay sentido común, por Europa.

Y es una obligación cívica ya escucharla, entenderla y respaldarla: una banda de forajidos quiere robar el botín más precioso de una sociedad decente, que es la democracia, y nadie puede engañarse porque vayan disfrazados de sheriff.