FERNANDO LÁZARO, EL MUNDO – 16/07/14
· El Supremo lo ha avalado. El Alto Tribunal ha dicho que sí, que los autores del chivatazo fueron los policías ya condenados, aunque es cierto que al final los acusa sólo de revelación de secretos. Ha habido muchas dudas entre los magistrados sobre si lo que habían perpetrado era un acto de colaboración con ETA. Muchas y solventes dudas. El que fuera el máximo responsable policial en el País Vasco y uno de sus hombres de confianza deberán abandonar la Policía, al haber sido condenados finalmente a un año y medio de prisión –que no cumplirán– y a cuatro de inhabilitación.
Ya en el recurso de casación, uno de los condenados, el inspector Ballesteros, por boca de su defensor, dejó caer una andanada de futuro: asumió ante el Supremo que fue él quien entregó en el bar Faisán el móvil desde el que el entonces jefe superior del País Vasco dio el chivatazo al aparato de extorsión de ETA. Lo hizo, alegó, cumpliendo las órdenes de su superior y sin conocer que estaba participando en un soplo a la banda. ¿Aviso a navegantes? Sin duda así fue interpretado. El inspector «se limita a pasar un teléfono móvil» y lo hace «tras recibir una llamada del jefe superior, que le dice que tiene que efectuar un servicio» y Ballesteros «no tiene conocimiento» de cuál es el objetivo de Pamies. Así lo dijo el abogado ante el Supremo. Nada bueno para el que era su mando.
Y fue durante el juicio, en los informes finales, cuando el fiscal recordó. Y habló de los GAL, y habló de Amedo. Sí, de aquel policía cuyas confesiones, con el paso de los años, abrieron en canal las tripas de los bajos fondos del Estado, exhibieron las cloacas ante la luz pública y ante la Justicia. Carlos Bautista (¿clarividente?) apuntó: hay implicados «más arriba» que los dos policías del banquillo. Y expuso el método para descubrirlos: «Vamos a esperar, si hay una sentencia condenatoria, a que algún coimputado haga lo que pasó en el GAL con el señor Amedo, es decir, hablar. Entonces, ya será otra cuestión». «Un cierto tufo a conspiración tiene esto», sentenció. Cuando Amedo habló de los GAL temblaron los cimientos de la seguridad del Estado, de Interior y de La Moncloa.
Que hablen Ballesteros y Pamies supondría, sin duda, hacer pasar de nuevo por una mala situación a las cloacas del Estado. Los responsables políticos de aquella época ya no están… por lo menos en el poder. Al frente de aquel ministerio estaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Su mano derecha era Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad. Al frente de la Policía figuraba Víctor García Hidalgo. Y como presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Si Pamies apuntara quién fue la X del caso, quién le dio la orden de dar el chivatazo, quién le dijo que alertara a los recaudadores de los asesinos que iban a ser detenidos, serían muchos los políticos del PSOE que volverían a tener pesadillas con esa pequeña cafetería de Irún cercana a la frontera.
Aquel episodio, uno de los más sucios de la lucha antiterrorista, se produjo el mismo día en que Zapatero recibía en La Moncloa al entonces líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien le iba a trasladar todo su apoyo al mal llamado proceso de paz con ETA.
Y el chivatazo se dio. Y se conoció. Y fue a parar a manos de un juez, Fernando Grande-Marlaska, que estaba dispuesto a resolverlo y a llevarse por delante a todo el que estuviera implicado. Le intentaron poner un caramelo (una oferta laboral jugosa para un juez) con el fin de apartarle del juzgado. No quiso. La siguiente maniobra fue adelantar el regreso de Garzón a ese juzgado, que de forma provisional ocupaba Grande-Marlaska. El sumario quedó en el olvido y a punto estuvo de ser defenestrado. Pero el juez se empeñó en otros asuntos, cruzó la línea de la ley y fue apartado. Su juzgado quedó en manos de otro magistrado, Pablo Ruz, quien, tras sortear alguna maniobra de última hora de algún otro magistrado, logró llevar la causa a juicio. Hasta ese momento, con el aplauso entusiasta (incluida su personación) del PP. Ahora, algunos de los que preguntaban y exigían responsabilidades políticas guardan silencio. Un equipo de investigación puso toda la carne en el asador. Sus pesquisas fueron avaladas por la Audiencia y el Supremo. Lo dirigía Carlos Germán. Sufrieron un brutal acoso para evitar que llegaran a la meta.
Cuando la Audiencia habló, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Mari Mar Blanco, dejaba una pregunta: ¿quién dio la orden? La respuesta sigue en el aire.
FERNANDO LÁZARO, EL MUNDO – 16/07/14