Nosotros mismos

Por coherencia, López, Bilbao y Garitano deberían notificar a Bruselas que Euskadi no precisa ser rescatada con España

El discurso oficial al que se aferran todas las instituciones vascas, con excepción de las alavesas, es que los vascos –administraciones, cajas de ahorros, empresas y ciudadanos– nos distinguimos del resto de los españoles también por nuestra capacidad de respuesta frente a la crisis. Los datos de la diferencia son incontrovertibles: menos paro, menos déficit público y más solvencia. Aunque nadie parece interesado en buscar la causa de nuestra inmunidad ante tan general epidemia. Ni en detallar aquellos aspectos en los que los vascos nos parecemos al resto de los paganos de la recesión. La cuestión que debiéramos dirimir y cuanto antes es en qué medida nuestro comportamiento frente a la crisis saca ventaja del sistema de Concierto y Cupo, en qué medida obedece a una política presupuestaria más equilibrada y en qué medida a una estructura económica más competitiva.

De los tres factores apuntados solo podríamos jactarnos de estos dos últimos, puesto que los beneficios que nos brinda nuestro singular sistema de financiación podrían constituir la vertiente más impugnable del estado autonómico a los ojos de los ‘hombres de negro’ que ya visitan España. Pero sobre todo no deberían constar entre las virtudes morales de una élite política que, con unas palabras u otras, insiste en achacar a la España del ladrillo primero y de la austeridad después el lastre que impediría la reactivación de nuestra economía. Hasta el punto de que nuestros más sagaces estrategas ya han apuntado la necesidad de sustituir el mercado ibérico por otros más apetitosos en cuanto a su demanda para nuestras empresas. En el fondo lo que nos seduce es poder seguir disfrutando de las ventajas que nos aporta nuestra pertenencia al ‘estado español’ mientras tratamos de librarnos de los inconvenientes que supone tal vínculo.

El discurso de la diferencia ha hecho coincidir a los socialistas, a los jeltzales y a la izquierda abertzale en la defensa del estado del bienestar frente a los sesgados recortes promovidos por el gobierno Rajoy. Se trataría de un empeño loable siempre que nuestras instituciones y los partidos que las encarnan fuesen realmente consecuentes con dicho propósito. Hagamos de Euskadi un oasis en el que los derechos sociales acumulados durante tanto tiempo se vean preservados e incluso mejorados gracias a un contrato interno que se aproveche del marco competencial que nos ofrece el autogobierno. Por ejemplo, dado que el Tribunal Constitucional obliga a aplicar el ‘copago’ farmacéutico también en la comunidad autónoma vasca, dicho gasto podría volverse fiscalmente deducible en nuestros territorios históricos.

Pero si bien la impostada resistencia a aplicar los ajustes dictados por Madrid tiene siempre fácil venta, más difícil resulta mantener un mínimo de coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace en realidad. Hasta la prédica del disenso y la estética de la insumisión están obligadas a clarificar qué objetivo persiguen, si el distanciamiento respecto al poder central o la consolidación de un sistema de justicia social en Euskadi. Porque el empleo simultáneo o alterno de ambas consignas se vuelve oportunista y demagógico.

No somos tan distintos al resto de España. Allí hay aeropuertos sin aviones y polígonos industriales sin empresas. Pero aquí tenemos también una Supersur sin tránsito o con usuarios por equivocación, un BEC financieramente insalvable, un Metro donostiarra que da nuevo nombre al Topo de siempre por millón y medio, y otras averías menores impropias de nuestro buen hacer. Tenemos también un entramado institucional costoso, el más alambicado de la denostada España, que podría racionalizarse sin que ni la participación política de los ciudadanos ni la representatividad de los órganos de autogobierno se resintieran. Solo la heterogeneidad partidaria territorial explica la pervivencia de juntas generales y diputaciones como estamentos que podrían verse reducidos, cuando menos a la par que se reduzca el número de concejales en los ayuntamientos.

La coherencia obligaría a enjuiciar el conjunto del sector público vasco en términos de rentabilidad social, empezando por la EITB cuyo servicio parece haber alcanzado la categoría de valor «intangible» gracias al ‘gobierno del cambio’. Antes de escarbar en el capítulo de los ingresos apelando a un sistema fiscal más justo o, mejor dicho, justiciero las instituciones vascas deben perseverar en el ajuste de los gastos que implica su propia existencia.

Aunque puestos a ser coherentes, y dado que la eventualidad de un rescate total sobre España asoma cada día, Euskadi podría dar un paso adelante notificando a Bruselas que no precisa ser rescatada. ¿Por qué no reivindicar la excepción a tiempo renunciando a las ventajas y eludiendo las desventajas de tal supuesto? Sería imposible idear una declaración de la diferencia más elocuente y llamativa que esa. «Intervengan el resto de España» –sería la señal que ya han transmitido Urkullu, Mintegi e incluso López a su modo– «los vascos nos valdremos por nosotros mismos». Claro que acto seguido tendríamos que explicar lo del Concierto y el Cupo.