Con la revocación del régimen de semilibertad concedido por el Gobierno vasco a la etarra Ainhoa Barbarín ya son nueve los terceros grados que la Justicia ha tumbado por considerarlos irregulares desde que Pedro Sánchez les transfirió la gestión de las tres cárceles que hay en esa comunidad autónoma. El Ejecutivo del PNV ha concedido el beneficio de la semilibertad a 34 presos desde que asumió esta competencia en 2021. Pero para poder extender estos beneficios es necesario que el Ministerio del Interior acerque a los etarras y los ponga bajo la tutela administrativa de Vitoria.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la mayoría de las semilibertades y hay otras once peticiones de revocación que están siendo estudiadas por los tribunales. Por lo tanto, los fiscales consideran que más de la mitad de los beneficios podrían ser inmerecidos. Hoy sólo quedan siete presos de ETA cumpliendo condena fuera del País Vasco y previsiblemente serán acercados en las próximas semanas.