Nicolás Redondo Terreros, EL ECONOMISTA, 5/11/11
El Estado de Derecho, la sociedad y los partidos han reaccionado de diversas maneras ante el comunicado de ETA, pero todas ellas han llevado implícita una base de incredulidad comprensible. Hemos oscilado entre las reacciones más apasionadas y sentimentales a las más frías y ponderadas como la del presidente del Gobierno o la del jefe de la oposición.
Ahora bien, el juicio sobre las reacciones debe ser diferente según quien las emita: la sociedad española tiene derecho a recelar del comunicado etarra después de 50 años de actividad terrorista, los partidos a resituar su posición en un escenario con una ETA desactivada, y el Estado tiene la obligación, que no el derecho, de contemplar la situación desde su máxima responsabilidad.
Somos un país peculiar, algunos dirigentes políticos y comunicadores han entendido el cese definitivo de la violencia de ETA no ya como una trampa de los terroristas, sino como una derrota, cuando la interpretación más razonable nos lleva a pensar que la banda terrorista, y esto viene siendo desde hace ocho años, no tenía ni iba a tener la capacidad suficiente para imponer por medio de la violencia sus objetivos políticos; y en esa disyuntiva, su entorno político, económico, social y cultural ha terminado considerándola un lastre, trasladando su acción a la vía política, al «frente político» como les gusta decir. La explosiva aparición de Bildu en las últimas elecciones confirma esta opción y la banda se ha visto obligada a hacer lo que ha hecho, y no creo que lleguemos al 20-N sin un intento de seguir centrando e influyendo en la campaña electoral.
Este resultado parcial de la acción conjunta de las Fuerzas de Seguridad, del Estado de Derecho, de la unidad política y de la colaboración internacional puede sin embargo y paradójicamente convertirse en algo negativo para la democracia española si no atinamos a definir correctamente el futuro campo de juego político. Efectivamente la solución de un problema suele plantearnos una nueva serie de problemas, algunos más graves que el solventado; así, hemos conseguido, al menos a corto y medio plazo, convertir un problema dramático que afectaba a la vida y a la libertad de los ciudadanos españoles en un problema político complicado y grave.
No cabe duda de que Amaiur, coalición liderada por Bildu, obtendrá una representación espectacular en las próximas elecciones, permitiéndoles probablemente tener grupo parlamentario propio y no hay argumentos para dudar de que esta carrera de triunfos electorales sea sellada con una considerable representación en las próximas elecciones autonómicas vascas.
La conclusión de este cambio tiene inevitables consecuencias políticas. La primera es que Amaiur y el PNV se disputarán el liderazgo del mundo nacionalista, hasta ahora y de manera indiscutible en manos de los nacionalistas de Urkullu. La discusión, el enfrentamiento en el seno de la familia nacionalista podría llevarles a buscar sus diferencias con la expresión política de ETA, y en ese caso podríamos asistir a una moderación temporal de la política en el País Vasco, pero es probable que el PNV quiera mantener su supremacía compitiendo con ellos en radicalidad, y en esta situación el futuro en Euskadi sería muy complicado, poniendo al Estado de Derecho en la tesitura más grave desde que se aprobó la Constitución del 78; creo que como los nacionalistas no han encontrado a día de hoy el campo de las diferencias, esta última opción se perfila como la más segura.
No es desdeñable una resituación formal de los socialistas vascos optando por un acercamiento a las posiciones del nacionalismo más radical, ganados por el espejismo de un nuevo eje de izquierdas y derechas, que sustituye al ya veterano de nacionalistas y no nacionalistas, impulsados por una visión elástica, basada en la cultura efímera del usar y tirar del Estado y la Constitución. Parece evidente que si el futuro se desenvuelve por este camino, los tiempos serán muy difíciles y nuestra victoria sobre ETA se convertirá en una derrota del Estado democrático, de la Constitución del 78.
Induce a pensar que esto puede suceder por la fuerza, debido a la pujanza de la izquierda abertzale que tiene ilusión para seguir adelante, con un proyecto político sostenido durante décadas y unos líderes capaces de resistir en circunstancias políticas y personales adversas. Por el contrario, nosotros, los que podríamos denominarnos constitucionalistas, hemos reaccionado profundamente divididos -lo que no tiene que ser, si éste fuera el único síntoma, revelador de ninguna debilidad, sino de la complejidad inherente a unas convicciones democráticas- ante el comunicado de ETA; hemos sustituido el discurso político, que no puede ser otro que la defensa de la Constitución del 78, la España democrática y autonómica, la modernidad y el universalismo, más indicado que nunca en este periodo de globalización, por un sentimentalismo exacerbado y penitente que pone a las víctimas en el centro de la realidad política; desde luego tenemos motivos para hacerlo, pero lo hemos hecho no por convencimiento, sino como parapeto de manejos e incapacidades. A todo ello no nos queda más remedio que sumar una clase dirigente prisionera del corto plazo y la coyuntura, aunque podamos hacer alguna excepción relevante.
En fin, el mejor homenaje a las víctimas sería que ahora España ganará esta partida en el terreno político y que la Constitución y el Estado de Derecho salieran fortalecidos.
Coda: Decía que no a todos los dirigentes se les puede catalogar de la misma manera. Zapatero ha realizado una gestión alejada del sentimentalismo, austera y razonable, que le convierte en el mejor Zapatero de estos 8 años; y Rajoy, en un situación imposible, ha reaccionado con altura de miras, de forma prudente y ha aprovechado para hacer absolutamente homologable, si no lo era anteriormente, su partido al centro derecha europeo. Pero de ambos hablaremos con más tiempo en otro artículo.
Nicolás Redondo Terreros es el presidente de la Fundación para la Libertad.
Nicolás Redondo Terreros, EL ECONOMISTA, 5/11/11