Nuestra Transición no es modelo para Venezuela

de las veces. Menudean últimamente quienes apuntan las enseñanzas que brinda la Transición democrática española para Venezuela. Con independencia de la más que significativa identificación con el régimen bolivariano de los más feroces detractores del momento fundacional de nuestra democracia, las coincidencias entre esos dos puntos de partida, el tardofranquista y la involución liberticida del chavismo, son escasas. De hecho, la desembocadura democrática de la España de los años setenta del pasado siglo se produjo como un estricto problema doméstico. El tránsito del franquismo a las libertades fue obra de la élite política española, del aperturismo del régimen y de la oposición a la dictadura, sin que mediara injerencia externa. Es más: si bien la Europa del Mercado Común, por democrática-liberal, representaba el horizonte final de todo el proceso, no siempre los países occidentales facilitaron la feliz recuperación de las libertades en nuestro país. El influyente secretario de Estado norteamericano Kissinger aconsejaba cautela a las autoridades españolas. En plena Guerra Fría, los Estados Unidos priorizaban sus intereses geoestratégicos sobre consideraciones humanitarias. El canciller de la República Federal de Alemania, donde el comunismo estaba proscrito, se mostró sorprendido ante Suárez por la legalización del PCE y el presidente francés Giscard d’Estaing se propuso, afortunadamente sin éxito, establecer una suerte de protectorado al sur de los Pirineos.

En 1991 se publicó La tercera ola, libro del politólogo Samuel P. Huntington indispensable aún para comprender la influencia internacional de las transformaciones democráticas. Según el estadounidense, la humanidad ha registrado tres olas democratizadoras en los últimos doscientos años. La primera, deudora de las revoluciones atlánticas (nacimiento de los Estados Unidos de América y Revolución Francesa), se extendería de 1828 a 1926. La segunda, impulsada por la ocupación aliada post-bélica (en Alemania Occidental, Austria, Italia y Japón), se habría registrado entre 1943 y 1962. Y la tercera fue inaugurada a medianoche del 24 de abril de 1974 en Lisboa y acabó llevándose por delante la longeva dictadura portuguesa. Tras la Revolución de los Claveles treinta países de Europa (España y Grecia, de inmediato; la Europa Oriental desde finales de los ochenta), Asia e Iberoamérica protagonizaron procesos democráticos.

Esta última ola, a juicio de Huntington, habría tenido lugar por una combinación de cinco causas: el declive de la legitimidad, el desarrollo económico, los cambios religiosos, las nuevas políticas de agentes externos y el efecto «bola de nieve». De un modo u otro, todos estos factores se incluyeron en el caso español. Nuestra Transición, probablemente la más exitosa y paradigmática, fue precedida de la portuguesa, de la que las autoridades postfranquistas tomaron buena nota: los peligros de la ruptura asociados a la Revolución de los Claveles fortalecieron, sin duda, la fórmula elegida de la reforma desde arriba y basada en la transacción. «La sofisticada e industrializada clase media española», según Huntington, no iba a ser menos que el «pequeño y pobre Portugal», pero precisamente por ello se adoptó una vía muy distinta. Esta apuesta no significó, de ninguna manera, la creación de un sistema democrático de menor calidad. Quizá España pudo aportar un paradigma global para la mejor democratización (las transformaciones suelen ser habitualmente menos violentas que los reemplazos y el diálogo siempre es preferible a la imposición o a la ruptura), pero es más cierto que su modelo, antes que nada, era el más adecuado y eficaz para la sociedad española de entonces, que contaba con un Estado fuerte y la voluntad liberalizadora de los herederos de la dictadura.

No condicionó sólo el proceso la realidad de una asentada clase media, sino la firme voluntad de reconciliación de los políticos y una sociedad civil ya reconciliada, con el consiguiente arrumbamiento de memorias vindicativas.

Pese a todo, Huntington se basó en el caso español para bosquejar un modelo para futuras transiciones hacia la libertad. Veamos cómo su «Guía para democratizadores 1: reformar los sistemas autoritarios», algo expresiva de la bobalicona pretensión anglosajona de extraer de la Historia un manual de instrucciones, parece servir poco para el caso venezolano. Contiene ocho puntos:

1. Asegurar la base política. Don Juan Carlos, al principio sucesor de Franco «a título de Rey», pudo acometer su reforma democrática acudiendo a los políticos aperturistas del postfranquismo, incluidos dos ex secretarios generales del Movimiento (Fernández Miranda y Suárez) y los generales le transfirieron la lealtad que habían observado para con Franco. No parece que desde dentro del sistema bolivariano pueda surgir un/a líder capaz de cambiar la correlación de fuerzas en el gobierno, el partido y el ejército de aquel país.

2. Mantener la legalidad tradicional. Las Cortes aún franquistas dieron luz verde a la celebración de elecciones libres desde la legalidad autoritaria, para evitar el vacío de poder y comprometidas situaciones personales (sortear el perjurio). El régimen bolivariano, por el contrario, se ha negado a reconocer el triunfo de la oposición en unos comicios que él mismo había convocado.

3. Desviar gradualmente los propios apoyos. El éxito de la Transición española residió en la capacidad para afrontar un proceso escalonado de reformas (yendo «por sus pasos, pero irreversiblemente, a la completa democratización del sistema político», que fue el programa general del primer Gobierno de la Monarquía). Pese a los titubeos y las resistencias, se fueron ampliando los espacios de entendimiento. Orillar al búnker suponía completar la primera fase, de desvinculación de la dictadura. Luego vendría el diálogo con la oposición antifranquista y, tras las elecciones de junio de 1977, el consenso entre todas las fuerzas con representación parlamentaria para redactar un texto constitucional. A diferencia de ello, el Gobierno actual de Venezuela se enroca en su oposición al cambio y ha expulsado al exilio a las personalidades y grupos que apoyan la democracia. El ditirámbico ofrecimiento de su Nobel de Paz a Donald Trump por parte de María Corina Machado explica lo anterior y es reflejo de una soberana impotencia.

Los restantes puntos, salvo el octavo, huelgan: se aplican sólo para el caso de un gobierno que hubiera decidido abrir el sistema, que no es el caso del de Caracas. El citado punto octavo expresa una posición moral ausente en el único agente que, con la controvertida detención de Nicolás Maduro, parece en condiciones de cambiar las cosas: «Crear una sensación de inevitabilidad sobre el proceso de democratización, de modo que sea ampliamente aceptado, como una necesidad y un camino natural de desarrollo, aun si para alguna gente resulta indeseable».

El franquismo, rechazable como todo autoritarismo, fue una dictadura meritocrática y no extractiva; no un Estado narcoterrorista y basado fundamentalmente en la corrupción. Muerto Franco, sus alevines no miraron hacia fuera. Buscaron la salida en casa para abrazarse con sus compatriotas partidarios de la ruptura. La «ruptura pactada» fue la reforma que aceptaron los opositores.

Por eso, si la Historia extrañamente rima, lo hace en asonante y nada más que fortuitamente. Como apuntó Revel, la única reforma que admite el comunismo, lo mismo que todos sus vástagos populistas, es el derribo.