No ha habido instancia, organización, partido o persona que haya logrado tomarle la medida al Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha logrado eludir controles, sortear sus obligaciones (incluso en la pandemia), golear a la opinión pública con toda suerte de compromisos incumplidos (la factura de la luz), convertir una crisis inflacionista en un fenómeno pasajero, aliarse con el partido más detestable de todos (EH Bildu) sin que a nadie relevante se le moviese ni una ceja, soportar una razia en forma de crisis protagonizada por el presidente a inicios del verano que acabó con su equipo de mayor confianza… Y sustituir al Congreso mediante la técnica de paralizarlo inconstitucionalmente y a través de un número desmesurado de decretos leyes (115 desde que empezó a gobernar el actual secretario general del PSOE). Añádase a todo ello, que la Moncloa trata a los medios de comunicación —con el anterior equipo y con el actual que dirige el secretario de Estado, Francesc Vallés— como un atrezo de las tan abundantes como obvias e innecesarias comparecencias de Pedro Sánchez. 

Por eso, si en España se editase con éxito una revista reputada y referencial como ‘Time’ y mantuviese la tradición de esta publicación de designar la persona más relevante del año, esa sería en nuestro país Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Porque, si Elon Musk —la mayor fortuna del mundo— ha sido el elegido en 2021 por ‘Time’ como el personaje de mayor influencia en el mercado de valores y el más aguerrido y emprendedor con sus proyectos espaciales y medioambientales, el representante de los empresarios españoles ha conseguido que el Gobierno y los sindicatos olvidaran los tambores maximalistas de la derogación de la reforma laboral y acordasen, con su firma, otra que salva la que hizo el PP en 2012, deja en una situación comprometida a la vicepresidenta Yolanda Díaz ante las desordenadas huestes de Podemos, desconcertado y afligido a su exlíder, Pablo Iglesias, y colgado de la brocha de sus promesas a Sánchez y a aquellos que reiteraron la intención derogatoria como Adriana Lastra.

Más aún, Garamendi —echándole al asunto el ingrediente de la sensatez que falta a la política española y a la gestión eficiente de los intereses colectivos— ha conseguido que, salvo medios marginales, los demás “compren” la muy delimitada reforma, desmientan su carácter “histórico” y hasta asuman que la legitimación del presidente de la CEOE con la de los sindicatos neutraliza la del Congreso para cambiar una coma al acuerdo alcanzado.

Es de “sentido común”, dijo Sánchez, que el Congreso se adhiera al resultado de las negociaciones entre los agentes sociales. Es de “sentido común”, según su criterio, que el legislativo abdique de su función. Es de sentido común, sin embargo, que los aliados bucaneros del Gobierno sí intenten cambiar el pacto y entonces Antonio Garamendi —ya lo ha anunciado— retiraría su firma del convenio con el Gobierno y UGT y CCOO. En previsión de que esa hipótesis se produjera, no hubo teatralización en los jardines monclovitas para solemnizar la entente. Que Garamendi se descuelgue provoca escalofríos en el Ejecutivo. 

Pero es que el vizcaíno —que lo es y se le nota, producto quintaesenciado de la tierra— ha conseguido que hasta FAES, el laboratorio de ideas del conservadurismo español, haya emitido un breve, contundente y elogioso análisis del comportamiento del empresariado. Textualmente: “El objetivo de la representación empresarial era limitar el daño que las soflamas demagógicas del Gobierno y sus socios parecían anticipar con su insistencia en la ‘derogación íntegra’ de la reforma laboral, como uno de los compromisos centrales de la legislatura que llegó al punto de ser incorporado a un pacto escrito y rubricado por el PSOE con Bildu. Siendo este el objetivo empresarial, el resultado avala la negociación llevada a cabo por la CEOE que ha mantenido los elementos fundamentales de flexibilidad interna en las empresas y consolida dos importantes novedades introducidas por aquella reforma: la reducción del coste del despido y la supresión de los salarios de tramitación. Preservadas estas prioridades —que coincidían con la línea expresada por la Unión Europea en sus recomendaciones—, los contenidos regresivos de esta reforma, como el fin de la ultraactividad de los convenios y la prevalencia en materia salarial del convenio sectorial sobre el de empresa, han parecido a los empresarios un coste asumible, dadas las circunstancias”. 

«El objetivo de la representación empresarial era limitar el daño que las soflamas demagógicas del Gobierno (…)»

Poner de acuerdo a FAES, al Gobierno y a los sindicatos le otorgan a Antonio Garamendi los merecimientos para ser considerado el hombre del año de nuestra inexistente revista ‘Time’. Una pena que la primera victoria de la moderación, la sensatez, el buen juicio y la santa paciencia del presidente de la CEOE no los haya percibido el presidente del PP que, como bien ha escrito Ignacio Varela ayer, ha convertido un triunfo del que podía haberse apropiado en una derrota personal y de su propio partido. Harían falta más dosis de Garamendi y menos de visceralidad para que este país funcionase mejor. 

Si Pablo Casado tiene un buen sistema de pesas y medidas, llegará a la conclusión de que esta reforma laboral abre unas contradicciones internas en la izquierda de hondo calado, deja en posición incómoda a Yolanda Díaz y a Podemos, subraya la facilidad extrema con la que Sánchez dice y se desdice y acredita la forma elitista y endogámica de las cúpulas sindicales al negociar la normativa laboral.

No estaría mal que en la dirección del PP, en un acto inteligente de humildad, se planteasen no poner pegas a la reforma de la reforma y se abstuviesen en el Congreso y se convalidase así el decreto-ley. Y, luego, se amistasen Pablo Casado y el presidente de la CEOE para revertir un distanciamiento tan absurdo cuando el PP necesita simpatías, vinculaciones y complicidades.