EL MUNDO – 28/03/16 – RAFAEL ARENAS GARCÍA
· El autor defiende la necesidad de la campaña puesta en marcha por la Societat Civil Catalana para que ondeen en todas las administraciones de Cataluña la senyera, la bandera española y la de la UE.
EL pasado 5 de marzo se iniciaba en Vilanova i la Geltrú la campaña de Societat Civil Catalana Nuestros símbolos, nuestros derechos, dirigida a reclamar la presencia en los ayuntamientos y demás administraciones de Cataluña las banderas española y europea. Se trata de una campaña que combinará peticiones populares, el impulso de mociones que exijan la reposición de las enseñas que han sido retiradas en algunos edificios públicos de esta Comunidad, y la convocatoria de concentraciones ciudadanas.
Quizá se critique dicha campaña arguyendo que aviva una estéril guerra de banderas, y que se centra en un aspecto formal que para nada afecta a los problemas reales de los ciudadanos. Pero ambas críticas deben ser rechazadas.
En lo que se refiere a la primera de ellas, ha de replicarse que la guerra de banderas la inician quienes, incumpliendo la normativa vigente, hacen que la bandera de Cataluña luzca en solitario o retiran de las fachadas de los ayuntamientos todas las banderas que allí deberían ondear. No puede acusarse de avivar una guerra a quien simplemente pretende que se cumpla con la legalidad, pues la responsabilidad de iniciar el conflicto será siempre de quienes hayan pretendido apartarse de las reglas que nos vinculan a todos.
La segunda crítica ha de ser abordada con algo más de detalle. En ocasiones se ha planteado la reclamación de la presencia de banderas o símbolos como prueba de que se padece todavía de una pulsión identitaria ya superada por la razón, que pretende que todo símbolo es muestra de un primitivismo que deberíamos dejar atrás. No dudo que algunos de quienes rechazan apoyar la reclamación de la presencia de nuestras banderas en los edificios públicos basen ese rechazo en tal planteamiento aparentemente lúcido y racional.
Se trata, sin embargo, de una aproximación equivocada. La retirada de la bandera española de los edificios públicos catalanes no se basa en ninguna superación de planteamientos identitarios, sino precisamente en la estrategia del nacionalismo esencialista y supremacista que dirige el movimiento separatista en Cataluña. Una vez conseguida la retirada de la bandera española, su ausencia se convierte en un símbolo que profundiza en la separación entre los catalanes y el resto de los españoles. Esa tarea de ruptura emocional que con tanta habilidad se desarrolla en la escuela y a la que contribuyen decididamente los medios de comunicación públicos y subvencionados se refuerza por medio de la ausencia de los símbolos comunes en las instituciones públicas. La ausencia del símbolo es un símbolo en sí mismo, muy relevante para los separatistas, quienes se muestran reacios a la reposición de las banderas pese a que son conscientes de la obligación legal que impone su presencia. En contra de lo que nos quieren hacer creer los símbolos sí importan, y muestra de ello es la airada reacción de los separatistas cuando aquellos que consideran propios, la estelada en particular, son retirados de los espacios públicos, tal como sucedió durante las campañas electorales del año 2015 en Cataluña.
Así pues, la ausencia de la bandera española en los ayuntamientos no es algo baladí, sino muy relevante en la estrategia separatista. Es por ello que su retirada, ilegal desde la perspectiva del ordenamiento español, supone que las administraciones, también aquí, actúan no en defensa de los intereses generales, sino de forma partidista. De esta forma, la negativa a que la bandera española ondee en los ayuntamientos no solamente favorece el secesionismo, sino que también supone una nueva manifestación de la falta de neutralidad de las administraciones catalanas.
Todo lo anterior justifica la conveniencia de una campaña como la que se ha iniciado. No puede consentirse que de forma impune las administraciones incumplan la ley con el objetivo de favorecer la estrategia secesionista. Las banderas española y europea han de volver a los ayuntamientos y todos deberíamos comprometernos con ello. No se trata solamente de iniciar actuaciones legales, sino que, sobre todo, hemos de conseguir que las fuerzas políticas asuman como propia esta reclamación, puesto que, como hemos visto, tolerarla solamente se explica desde la complicidad con la estrategia claramente separatista.
Resulta, por otra parte, doloroso que cause reparos reclamar la presencia de unas banderas –la española y la europea–, que simbolizan la democracia, la libertad, el progreso y la unión. Tanto la Constitución Española de 1978 como los textos fundacionales de la Unión Europea recogen estos principios esenciales de nuestro marco de convivencia que hemos de reforzar y mejorar a través de las instituciones de las que disponemos.
Este aspecto simbólico se pasa por alto con demasiada facilidad. Se insiste poco en que la bandera española es más el símbolo de nuestro actual sistema democrático que de épocas, glorias o miserias pasadas. La Constitución de 1978 asume la historia que nos une y que explica nuestro presente; pero, a la vez, es originaria, ya que es la Carta Magna la que dota de validez y coherencia a nuestro sistema jurídico y político y, por tanto, la que identifica a nuestra sociedad. La bandera es símbolo del consenso al que llegamos los españoles hace 40 años y de todo aquello que implica y que no deberíamos dar por descontado: democracia, libertad, respeto a los derechos humanos, garantía de las libertades públicas y también respeto a la pluralidad dentro de España. Cuando se defiende retirar la bandera de España, ¿qué mensaje se pretende trasladar: el de que no son relevantes tales principios, derechos y garantías?
Algunos podrían argüir frente a lo que se acaba de exponer que lo que precisa nuestro sistema es un profundo cambio que resuelva problemas y dé satisfacción a legítimas demandas ciudadanas; pero quien así opine no debería rechazar el símbolo que es la bandera. Una de las grandezas y aciertos de la Constitución de 1978 es la previsión detallada de sus mecanismos de reforma. Hace 40 años ya se era consciente de que el paso del tiempo podría hacer necesario modificar ciertos elementos del marco básico de convivencia y, por tanto, disponemos de instrumentos para realizar esa adaptación de forma acordada y pacífica. En este sentido, la bandera simboliza también esta posibilidad de adaptación, que sin la Constitución solamente sería posible mediante la revolución y la violencia.
Así pues,la bandera representa nuestra sociedad democrática y el sistema de libertades del que gozamos; así como también la posibilidad de modificar nuestro marco de convivencia de forma acordada. Es por esto que quienes defienden o toleran la retirada de los símbolos comunes deberían explicar si lo hacen para contentar al separatismo o porque no comparten los valores democráticos que simboliza la Constitución o porque rechazan un cambio del marco de convivencia actual que no tenga carácter revolucionario. En cualquier caso, si no contestan a estas cuestiones merecerán el calificativo reservado para quienes no saben o pueden dar respuesta: irresponsables.
Es por todo lo anterior que, reclamando la presencia de nuestras banderas, no solamente manifestamos nuestra oposición al proceso secesionista, sino que también hacemos patente que para nosotros los derechos son importantes y que no toleraremos que nos priven de ellos.
Rafael Arenas García es presidente de Societat Civil Catalana.