ABC 17/02/17
Después del intento de veto del Ejército en el parque de Collserola de Barcelona por parte del Ayuntamiento, el Área Metropolitana y también el Parlament de Cataluña, ahora el ente que gestiona el parque acepta a las Fuerzas Armadas, pero sin pistolas ni fusiles.
El Consorcio del Parque está renovando sus ordenanzas para limitar la presencia militar en el gran pulmón verde de Barcelona, que sirve de espacio de prácticas para los militares que están en el cuartel del Bruc de la capital catalana. La nueva normativa –aprobada inicialmente y que ahora está en exposición pública–, no veta al Ejército, pero sí que prohíbe cuestiones tan importantes para los militares como que estos no vayan con armas o lleven el mínimo equipamiento.
La ordenanza incorpora los usos militares dentro de los apartados sobre actividades colectivas. Así, según el documento, a partir de ahora se admitirán únicamente «las marchas y actividades de entreno, de carácter deportivo, físico y recreativo» y «por motivos de seguridad, queda prohibida la utilización de armas de fuego».
Además, el texto especifica que «dado el uso intensivo y la fuerte frecuentación del parque, no está permitida la exhibición de armas» y exige que las prácticas se comuniquen previamente al Consorcio para que este las autorice. Igualmente, se pide que las actividades militares estén como mínimo a 500 metros de centros educativos y caminos escolares.
A la espera de que termine el plazo de exposición pública, el grupo de la CUP en el Área Metropolitana de Barcelona mostró su total rechazo a la modificación. La formación anticapitalista se queja del «flagrante incumplimiento» de la voluntad expresada en varias instituciones de echar el Ejército de Collserola y exige una ordenanza más restrictiva que directamente prohíba la totalidad de las actividades de las Fuerzas Armadas.
Polémica en Gerona
Por otro lado, la programación de unas maniobras militares de la comandancia de San Clemente Sasebas (Gerona) en la zona del castillo de Sant Miquel el próximo lunes ha indignado a los ayuntamientos de Gerona y Celrá. Sus alcaldes reclamaron ayer que se desconvoquen las prácticas y consideraron que hacerlo en un lugar como ese, tan frecuentado, es una «grave responsabilidad».