En su afán por desplegar una Hacienda propia, el Parlament tramitó ayer la ley para elaborar un código tributario catalán que siente las bases para la «arquitectura institucional» de una Hacienda catalana, defina los procedimientos a seguir en la gestión de expedientes tributarios y establezca los impuestos y tasas que serán de aplicación en Cataluña.
La norma admitida a trámite como proposición de ley de Junts pel Sí y la CUP, y no como proyecto de ley del Govern, es parte de la segunda ley de «desconexión» que el Ejecutivo catalán necesita para tener, a mediados de 2017, los instrumentos legales que permitan la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la independencia.
Así lo explicó durante el debate parlamentario la diputada de Junts pel Sí Maria Senserrich: «Estamos poniendo las bases de una estructura de Estado». Las otras dos leyes de «desconexión», la de la agencia de protección social y la de transitoriedad jurídica están siendo objeto de debate en sendas ponencias parlamentarias de Junts pel Sí y la CUP.
El esqueleto de la futura Hacienda propia, el código tributario de Cataluña, hace referencia a la administración tributaria desde sus disposiciones generales, a la estructura de la Agencia Tributaria de Cataluña y la junta de tributos, y al consejo fiscal y el instituto de investigación fiscal y estudios tributarios. Sobre el mismo, el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, aseguró que se trata de una norma que «entra dentro del marco competencial vigente».
Un extremo, este último, que fue ratificado por el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que, sin entrar a valorar el contenido de la norma, afirmó que está redactada «dentro de las posibilidades que permite la normativa vigente en España y, de hecho, presenta muchos paralelismos con las figuras fiscales estatales», señalaba la organización en un comunicado.
Los impulsores del procés están poniendo especial cuidado en esquivar abiertas ilegalidades en la legislación de la desconexión. En este caso, según Gestha se cumple con la normativa vigente en la Ley General Tributaria (LGT) y con la normativa que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía. A su juicio, «se ha tenido especial cuidado para que este código no sea tachado de inconstitucional, a pesar de que los grupos proponentes lo configuren como una de las leyes de una hipotética y futura desconexión de Cataluña con el Estado español».
Después de que la Fiscalía anunciara el miércoles una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobediencia y prevaricación al haber permitido la votación sobre la hoja de ruta independentista, las entidades soberanistas, al término del Pleno de ayer y a las puertas de la institución parlamentaria, convocaron una concentración para apoyarla. Algunos consellers, diputados de Junts pel Sí y la CUP, así como diputados de Catalunya Sí que es Pot y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumaron al acto. «Esto no va de una persona, esto va de democracia y de defender las instituciones», declaró Forcadell.