Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 18/8/12
Porque, tal y como han denunciado las víctimas del terrorismo tras conocerse la noticia, el Reglamento Penitenciario (artículo 104.4) sólo establece la posibilidad de que el preso enfermo acceda a ese tercer grado, no la obligatoriedad.
Difícilmente podría negarse que, enfermo de cáncer o no, Uribetxebarria Bolinaga es uno de los personajes más viles que han pasado por las primeras páginas de los periódicos en los últimos años: ese es el resultado de la suma de sus tres asesinatos, uno de ellos descerrajando 18 tiros a su víctima; su papel como torturador, que no carcelero, de Ortega Lara; y su militancia, como vemos muy activa, en una banda terrorista como ETA.
Tampoco es posible negar que, como este viernes manifestaba Carlos Urquijo en esRadio, en un Estado democrático «hasta al más indeseable se le garantizan sus derechos». Sin embargo, lo que sí suscita dudas es si en la aplicación de esos derechos el Estado y la Justicia deben ir más allá de la generosidad que sería deseable, o de la estricta aplicación de la ley.
Porque, tal y como han denunciado las víctimas del terrorismo tras conocerse la noticia del tercer grado para Bolinaga, el Reglamento Penitenciario (artículo 104.4) sólo establece la posibilidad de que el preso enfermo acceda a ese tercer grado, no la obligatoriedad de concedérselo.
Del mismo modo, el Código Penal (artículo 92) limita la libertad condicional, que en este caso ya casi podemos dar casi por concedida, a que, además de la enfermedad, se cumplan dos requisitos: la buena conducta y el pronóstico favorable para la reinserción. No parece que ninguno de ellos se dé en el caso de un preso que no se ha apartado de la banda terrorista a la que pertenece y que ahora mantiene una actitud hostil y exigente que ha cristalizado en una superpublicitada huelga de hambre.
Así que nos encontramos no ante una aplicación estricta, ajustada e inevitable de la ley, sino ante un caso de singular generosidad. Generosidad, además, que se da en un contexto que no puede sino incitar a la sospecha: con los representantes de ETA en las instituciones, las dudas sobre un proceso de negociación en marcha y, sobre todo, mientras los compañeros de Bolinaga y sus adláteres, demostrando una vez más la falta de humanidad que les caracteriza, han convirtiendo lo que podría y debería ser únicamente un asunto sobre la salud de un preso en un desafío político al Gobierno y la sociedad españolas.
Porque, si se confirma la libertad condicional de Bolinaga, lo peor no será ver a un cruel asesino en la calle, algo que no sería tan difícil de soportar, dado el estado cercano a la muerte en el que éste se encuentra, y teniendo en cuenta el natural compasivo y generoso de la mayoría de los españoles, incluso con quien no lo merece; lo peor será, sobre todo, contemplar un nuevo triunfo político de la banda terrorista y los grupos que la representan, que siguen reforzando sus posiciones de cara a los cercanos comicios vascos.
Además de, por supuesto, una nueva humillación a las víctimas, que ven casi cada día cómo su ejemplar trayectoria, democrática y extraordinariamente pacífica, les reporta golpe tras golpe; mientras que a los asesinos y su entorno, los trucos, las falsas huelgas de hambre, la intimidación y el pitorrearse de la democracia y la sociedad no hace sino depararles victorias simbólicas, legales o incluso electorales.
Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 18/8/12