- Hasta Sánchez anunció el fin del tiempo de los obispos. Es decir, que el ciudadano Luis Argüello no tiene derecho a decir lo que piensa, ni siquiera cuando se lo pregunta un periodista de ‘La Vanguardia’
Las paradojas de la visión que Sánchez y los suyos tienen de la democracia. Se les llena la boca hablando de nuevos derechos cuando, en realidad, algunos de esos derechos pisotean los derechos fundamentales más comunes; e incluso los quieren consagrar en la Constitución (eso sí, por la puerta de atrás). Comenzó esto con Zapatero. Toda la decadencia de España comenzó con Zapatero. El 2004 fue el 1898 de nuestro tiempo. Cuando pasen los años y se analice con más frialdad el tiempo que nos ha tocado vivir, estoy seguro de que el 11 de marzo de 2004 será la fecha emblemática que señalará gran parte del desmoronamiento de nuestro país. A trompicones llegó Zapatero y, con él, la degeneración de nuestra democracia; desde entonces hasta hoy, dando el peor espectáculo de Europa. ¡Qué envidia nos da Portugal!
Tengo mis serias dudas sobre si el embrión en el seno de una madre –que a la vuelta de unos meses será una criatura humana– no tiene derecho a la vida, el más elemental de los derechos. Qué decir de la libertad de expresión e información. Lo políticamente correcto nos está castrando en la capacidad de opinar. Por no hablar de la persecución soterrada con la que se trata de callar a determinados medios desde el Gobierno, además de insultar a sus profesionales. Es absolutamente predemocrático el comportamiento de algunos portavoces del actual Gobierno. Un buen ejemplo es la descarga de descalificaciones que el domingo soltaron ministros y portavoces socialistas contra el arzobispo Argüello. Hasta Sánchez anunció el fin del tiempo de los obispos. Es decir, que el ciudadano Luis Argüello no tiene derecho a decir lo que piensa, ni siquiera cuando se lo pregunta un periodista de La Vanguardia.
Otro de los atropellos de los supuestos nuevos derechos es, por ejemplo, lo que en Cataluña se hace con el derecho a la educación, que también se encuentra entre los más fundamentales del catálogo. La obligación de estudiar en catalán y no permitir el estudio del español, cuando está consagrado en la Constitución como lengua oficial de todos los españoles, incluidos los que viven en la autonomía catalana.
Otra paradoja sorprendente es la de la participación política. Según la izquierda ultramontana que nos gobierna, los de Vox, a pesar de obtener más de tres millones de votos, no tienen derecho a jugar en política y aspirar a gobernar.
Y qué decir de la tutela judicial efectiva, esa que García Ortiz se pasó por el forro en el caso del ciudadano González Amador. Un caso que todavía puede complicarse si los magistrados de la ultraizquierda, Conde-Pumpido y María Luisa Segoviano, se empeñan en anular la sentencia del Tribunal Supremo.
A nada que el lector repase la vida cotidiana de cualquier ciudadano español, comprobará que invocando nuevos derechos se arrasa con los derechos fundamentales, consagrados en textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, proclamada el 10 de diciembre de 1948.
Ya nos lo advirtieron en su día: vendrían comunistas y fascistas como salvadores para protegernos de comunistas y fascistas. En definitiva, estamos padeciendo ya el autoritarismo de lo woke, de lo políticamente correcto, de la coacción permanente al individuo y de la falta de libertad cuando, curiosamente, se presentan como defensores de la democracia y de los ciudadanos. El pensamiento crítico está casi en estado de extinción. Discrepar en una tertulia del régimen te puede costar más caro que una sencilla desaprobación. Es el mundo al revés. Una de las evidencias de que, ahora sí, estamos en la decadencia de Occidente.