EL MUNDO 15/05/13
VICTORIA PREGO
Ya se ve que Artur Mas no es el único que calcula mal sus jugadas. El presidente de la Generalitat inauguró la temporada pero ahora le está siguiendo el presidente del Gobierno con su ministro de Hacienda como escudero fiel. Mas creyó en septiembre que, lanzando primero el órdago de la independencia, iba a arrugar a Rajoy y eso le iba a facilitar el venirse de su encuentro en La Moncloa trayéndose en el bolsillo un principio de compromiso para negociar un concierto económico. Fallo catastrófico en el examen del campo de juego y en la elección de la estrategia.
Y ahora es el Gobierno el que ha patinado pensando que, apelando al amor al partido y al sentido de Estado, podía aquietar a los suyos haciéndoles tragar la rueda de molino que el propio Ejecutivo había previamente fabricado. Porque fue el Gobierno el que explicó en su momento que el tratamiento desigual en el cumplimiento del déficit resultaba políticamente inadmisible.
Mejor harían Rajoy y Montoro reconociendo las auténticas razones por las que Cataluña puede –ahora sí, antes no–, beneficiarse de un relajamiento de las condiciones de su déficit. Porque esas razones son políticas y va a ser muy difícil ocultar que lo que el Gobierno intenta con esa flexibilidad es compraruna suavización de la tensión secesionista alentada desde la Generalitat. Pero, además de que de ninguna manera está garantizado que el conflicto independentista se vaya desactivando gracias a esa sobrevenida comprensión hacia las dificultades financieras de quien ha gestionado pésimamente su presupuesto, en lo que se ha equivocado de plano el Ejecutivo es en pretender que semejante medida discriminatoria se haga sobre las costillas del resto de los españoles sin que pase nada.
Ya hemos llegado al punto en que las protestas, las apelaciones a la dignidad ofendida, al maltrato y al expolio han dejado de ser privativas de los nacionalistas catalanes. Ahora son los demás los que se sienten con derecho a expresar sus quejas por lo que consideran un trato desigual a favor de Cataluña, es decir, un abuso. Se acabó el silencio de quienes siempre han pensado que a esa comunidad se le debe siempre algo. Ahora, los que durante décadas aceptaron sin rechistar –y sin comprender el porqué de tal cosa– su papel de deudor histórico, han decidido pasar a ser acreedores y han roto a hablar. Y éste es el sentimiento que expresan los presidentes de las autonomías que sí se han molestado en hacer sus deberes. Por muy del PP que sean.
Si el margen de déficit que se le acepta a Cataluña lo asumiera la Administración central, las críticas políticas serían igual de implacables. Pero si lo que se quiere es que el agujero sea enjugado mansamente por las demás comunidades, el Gobierno falla catastróficamente, él también, en el análisis del campo de juego y en la elección de la estrategia.