El último informe oficial del Ministerio del Interior sobre la inmigración acredita que la afluencia de simpapeles en territorio español se ha disparado. Las llegadas de inmigrantes en situación irregular a Ceuta y a Melilla ha aumentado este verano un 143%, con 1.643 personas, y 22.304 han arribado a las costas de las Islas Canarias hasta el 15 de agosto. Un 126,1% más que en el mismo periodo de 2023.
Es evidente que la tendencia ha cambiado de 2023 a 2024. Tras la normalización de las relaciones diplomáticas con Marruecos, se consiguieron reducir las llegadas por la ruta occidental del Mediterráneo. Pero en el último año se ha dado un notable repunte que se ha acentuado este verano.
Las cifras justifican hablar de una emergencia migratoria. En lo que va de 2024 han llegado a España de forma irregular 31.155 personas, un 66,2 % más que en el mismo periodo del año pasado.
El desbordamiento de las plazas insulares, enclaves aislados que necesitan de la solidaridad del resto de España, pone de manifiesto igualmente las limitaciones del modelo basado únicamente en la acogida. El más cómodo para no tener que asumir los costes políticos de una intervención en una materia tan controvertida como la inmigración.
Los centros de acogida canarios han denunciado en conversación con EL ESPAÑOL que las instalaciones han llegado al límite de su capacidad y que «la situación es absolutamente insostenible». También están colapsados los centros de Ceuta, la localidad con mayor presión migratoria de España y que ha visto triplicarse en un año las entradas.
Es este ineficaz régimen de asilo el que, al demostrarse incapaz de proveer a los inmigrantes de las condiciones adecuadas de habitabilidad y salubridad, acaba provocando la saturación de los servicios sociales, así como las dificultades para la integración de los simpapeles. Lo cual alienta a su vez tensiones sociales que, en los casos más extremos, pueden derivar en violencia.
Por eso, no basta con adoptar un enfoque para la emergencia migratoria basado meramente en la distribución de menas. Es ineludible una aproximación integral como parte de una política exterior bien definida.
Algunos expertos hablan de la necesidad de actuar en los países de origen, llegando a acuerdos económicos para desincentivar las salidas. La política migratoria del gobierno italiano, que tras haber declarado el estado de emergencia migratorio promovió inversiones en los países emisores, ha logrado reducir las llegadas de ilegales a Italia en un 60% en el primer trimestre de 2024.
La gira africana de este mes de Pedro Sánchez por Mauritania, Senegal y Gambia (desde donde se producen la mayoría de salidas a Canarias) ofrece una buena oportunidad para empezar a abordar esta crisis.
Pero no podrá articularse una eficaz gestión de las fronteras sin contar con la participación de todos los actores implicados. Y el Gobierno no ha dado muestra hasta ahora de querer consensuar con los Ejecutivos autonómicos las soluciones para esta emergencia. Al contrario, renunció a reformar la Ley de Extranjería por no haberse prestado siquiera a considerar las demandas del PP.
Tampoco ayuda la sobreactuación de Vox, que rompió los gobiernos de coalición autonómicos en los que participaba en rechazo de la disposición del PP a acoger a los menas, ni la insolidaridad de Junts, que se niega a participar de la distribución.
Urge adoptar una aproximación a esta cuestión alejada tanto de los maximalismos como de la indulgencia. Es innegable que el problema de la inmigración puntúa entre las principales prioridades de los votantes europeos, por lo que no tiene sentido que un prurito progresista o liberal siga haciendo de él un tabú.
Porque, si no se aborda con seriedad desde los poderes públicos, será cooptado en clave xenófoba por los partidos extremistas. Los disturbios antiinmigración de Reino Unido son una buena prueba de ello.
Bajo la presidencia española de la UE, se demostró que era posible llegar a un acuerdo transversal entre países con políticas migratorias muy dispares para el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que estableció un marco de cooperación para un reparto más equitativo de las obligaciones de acogida. ¿Por qué no podría ser posible en España?