La estruendosa derrota parlamentaria infligida este miércoles al Gobierno ratifica que Carles Puigdemont no iba de farol cuando el viernes pasado anunció que Junts rompía con el PSOE y suspendía las «negociaciones sectoriales».
Tanto Moncloa como Ferraz han tratado hasta el último momento de salvar su decreto ómnibus. Pero los 177 votos en contra de PP, Junts y Vox han hecho caer el batiburrillo legislativo del Gobierno.
El triunfalismo del que ha hecho gala Pedro Sánchez este miércoles en Davos contrasta con la realidad doméstica que le aguarda a su regreso. Porque mientras presumía del gran desempeño económico de España y de ser «la prueba de que la socialdemocracia funciona», en el Parlamento se constataba una vez más que el país es ingobernable y que la legislatura está varada en un callejón sin salida.
De alguna forma, el PSOE confiaba en que el PP le salvase de un nuevo fracaso en el Congreso. Y, ciertamente, en condiciones normales, podría haber calado su argumento de que el PP debía haber votado favor (o al menos haberse abstenido), a la luz de que la inmensa mayoría de las disposiciones del decreto son medidas sociales secundables por la oposición.
Pero es que las circunstancias de la política española vienen siendo anómalas desde julio de 2023. Entonces Sánchez perdió las elecciones, aunque no ha dejado de jactarse de que las ganó. Y únicamente sobre esa ficción del «somos más» en la noche electoral se ha sostenido una legislatura que nació ya viciada.
La votación de ayer ofrece el certificado de defunción de tal ficción, toda vez que acredita que no existe la «mayoría progresista» con la que decía contar Sánchez. Si reiteradamente se muestra incapaz de sacar adelante la convalidación de sus iniciativas, la realidad es que hay en España un Gobierno que no puede gobernar.
Pero haberse obstinado en la cuadratura del círculo (armonizar la normalidad en Cataluña de la etapa Illa con la gestión de la anormalidad en Cataluña que propugna Puigdemont) ha llevado a Sánchez ha negarse a explorar siquiera un plan de contingenica ante la escasa fiabilidad de sus socios. Tampoco esta vez se ha dignado a negociar nada con el PP, a la vez que le exigía un sentido de Estado para apoyar su norma del que él no ha dado la más mínima muestra.
La otra fantasía sanchista que se ha desmoronado es el propósito de gobernar «con o sin el concurso del Legislativo», horizonte quizás asumido en anticipación de situaciones como estas.
El axioma de que no puede haber un Gobierno parlamentario sin el apoyo del Parlamento ni siquiera se circunscribe ya al plano de los principios abstractos: Sánchez ha comprobado empíricamente que sin una mayoría en el Congreso su agenda política queda en papel mojado.
El rechazo del decreto ómnibus supone la caída, entre otros, de la prórroga de la prohibición de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, la extensión de las bonificaciones al transporte público o el aplazamiento de deducciones tributarias.
Pero habría sido mucho más fácil tramitar algunas de estas medidas si el Ejecutivo no hubiera incluido en el mismo texto materias tan dispares como la autorización del endeudamiento para las ayudas a la dana, la revalorización de las pensiones o el desarrollo de la política de vivienda asequibles. Y todo ello mezclado con cuestiones tan excéntricas como la cesión del palacete de París al PNV, que hace muy difícil para otros grupos votar a favor del paquete completo.
La responsabilidad de esta situación corresponde al Gobierno y Moncloa, por haber recurrido a la estratagema supletoria del decreto cajón de sastre, en la que Sánchez creyó ver la fórmula para poder aprobar su escudo social aun careciendo de Presupuestos.
Si quiere salir del último atolladero, Sánchez se enfrenta a la disyuntiva de desgajar su decreto para que se voten sus contenidos uno por uno (la opción más razonable a la vista de que el PP se ha ofrecido a aprobar las medidas para pensiones, dana y transportes), o avenirse a nuevas concesiones a Puigdemont con el fin de intentar devolverlo a la mesa de negociación.
El problema es que en Junts ya no se fían de Sánchez. Por boca de Miriam Nogueras, que ha motejado al presidente de «trilero», «chantajista» y «pirata», los separatistas han vuelto a verbalizar su indignación con el incumplimiento de las promesas de investidura del socialista.
Como informa hoy EL ESPAÑOL, los socios del Gobierno dan por liquidada la legislatura tras un portazo de Junts que consideran irreversible. Y es cierto que ante la cicatería de Sánchez, Puigdemont ya no puede venderle ninguna conquista a sus electores. Pero al mismo tiempo sabe que el resultado electoral nunca va a volver a caer tan a su favor como el 23-J.
Sea como sea, los cálculos para Sánchez son bastante más sencillos: si no va a lograr acaudalar los votos suficientes en el Congreso, que convoque un adelanto electoral para buscarlos en las urnas.