EL MUNDO 01/12/16
ARCADI ESPADA
EL GOBIERNO tiene un problema añadido ante el referéndum que planea la Generalidad y para el que la previsora hormiguita Puigdemont ya ha apartado el dinero. El problema del desistimiento por el que optó el 9 de noviembre de 2015. Y del que se ha librado, por cierto, el ex ministro Margallo, que el lunes le dijo a Raúl del Pozo que él habría enviado a la policía a requisar las urnas. No he notado que nuestro columnista replicara al intrépido: «Menos lobos, Concha», pero aquí estoy yo para echarle una mano castiza. Algunas circunstancias han cambiado entre un referéndum y otro. Hay una ley que permite actuar al Constitucional con mayor agilidad disuasoria. Hay, también, una ausencia de voluntad eufemística por parte del gobierno desleal que no parece que vaya a esconderse esta vez detrás de la palabra consulta. Hay las decisiones que puedan tomar los jueces sobre la responsabilidad de los anteriores gobernantes nacionalistas. Y hay, en fin, la evidencia de que organizando otro referéndum llovería sobre mojado. Pero aún así es difícil que estas variaciones puedan justificar un drástico cambio de opinión del presidente. He hablado alguna vez con él después de aquel noviembre y he llegado a la conclusión de que si no envió a la policía a por las urnas fue por temor a las imágenes. Se veía capaz de controlar la situación sin graves disturbios, pero no de evitar la acción de ciento, mil, un millón de youtubers, distribuyendo por el mundo la presunta agresión a la libertad del Estado español.