EL MUNDO – 10/03/15
· Congela cuentas a siete altos cargos de Maduro.
El Gobierno de Barack Obama calificó ayer al régimen venezolano de Nicolás Maduro de «amenaza» para la seguridad nacional de Estados Unidos, prohibió la entrada en el país y congeló los bienes de siete altos cargos chavistas involucrados en la represión de las protestas del año pasado, que dejaron 43 muertos. Además, la Casa Blanca dejó abierta la puerta a más sanciones a altos cargos del Gobierno bolivariano.
Obama ha dado un salto cualitativo en su enfrentamiento con Venezuela al anunciar la imposición de sanciones a siete altos funcionarios que forman o han formado parte del aparato de seguridad del Estado de Venezuela. Los siete van a ver sus bienes y sus activos congelados en el territorio de EEUU y, además, no podrán entrar en ese país.
Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, esos represaliados han participado en el «arresto o procesamiento de personas que habían ejercido su derecho a la libertad de expresión» y en «actos de violencia contra manifestantes de la oposición». El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, también les acusó de corrupción.
«La clave no está en que Obama adopte esas medidas, sino en que diga a quién le aplica las sanciones. Hay más de 50 venezolanos sancionados por Estados Unidos, pero hasta ahora sus nombres no se habían hecho públicos», explica Peter Schechter, director del Centro Adrienne Arsht para Latinoamérica del think tank de Washington The Atlantic Council.
Cinco de las personas sometidas a sanciones son altos cargos de las fuerzas de seguridad venezolanas que estuvieron involucrados en 2014 en la represión de las manifestaciones contra Maduro y el chavismo, que se saldaron con 43 muertos, 600 heridos y unos 3.500 detenidos. El sexto, Justo José Noguera Pietri, fue comandante en jefe de la Guardia Nacional antes de ser nombrado presidente de la empresa pública Corporación Venezolana de Guyana. Finalmente, la séptima sancionada es la fiscal Katherine Harringhton Padrón, quien se ha encargado de la causa contra dos de los opositores más destacados a Nicolás Maduro: la congresista María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Con sus sanciones, Barack Obama ha lanzado, tanto a Caracas como a la opinión pública estadounidense, un mensaje de dureza muy claro. Porque, según la Casa Blanca, las medidas anunciadas ayer van más allá de las previstas por la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente en diciembre pasado. En un momento en el que Obama está siendo acusado de ser demasiado blando con Cuba y, sobre todo, con Irán, estas sanciones pueden servirle de argumento para defender su política.
De hecho, el senador demócrata cubano-americano Bob Menendez, emitió ayer un comunicado «celebrando» las sanciones y «exhortando» a Obama a hacerlas extensivas al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López. Otros políticos estadounidenses también respaldaron a Obama. La representante republicana por Florida –y también de origen cubano– Ileana Ros-Lehtinen dio «la bienvenida» a unas sanciones que «deberían haber llegado hace mucho».
La retórica empleada por la Casa Blanca ha sido dura. En su comunicado, Earnest exigía «la liberación de todos los prisioneros políticos, incluyendo docenas de estudiantes, el líder de la oposición Leopoldo López, y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma».
Pero, en ese mismo texto, Earnest afirmaba que el Gobierno de Caracas de «tratar de distraer la atención de sus acciones echándole la culpa a Estados Unidos». Y, precisamente, de ahí provenían ayer algunas de las críticas a la decisión de Obama. «Desde el punto de vista personal, no me cabe duda de que las sanciones al Gobierno de Venezuela son merecidas. Pero también soy consciente de que estas sanciones sólo darán excusas a un Gobierno que está en permanente búsqueda de excusas», reflexionaba Schechter.
Otra posible consecuencia para el Gobierno de Obama es que las medidas anunciadas ayer refuercen el aislamiento de EEUU, que es prácticamente el único país de toda América que ha adoptado una clara política contra el populismo de Maduro. De hecho, el resto de la región ha mirado muy discretamente para otro lado en cada caso de la violación de los derechos humanos en Venezuela.
Como suele ser habitual en todas las confrontaciones entre Washington y Caracas, el sector energético no está incluido en las sanciones. Venezuela es el cuarto proveedor de petróleo de EEUU, según datos de 2013, aunque sus exportaciones a ese país han ido cayendo progresivamente, a medida que su producción ha ido colapsándose y la estadounidense ha ido creciendo. Aparte de las exportaciones para el consumo interno en Estados Unidos, el 40% del crudo venezolano se exporta a EEUU, donde es refinado y reexportado a Venezuela.
EL MUNDO – 10/03/15