Los partidos independentistas catalanes intensificaron ayer sus mensajes contra la calidad de la democracia en España y el funcionamiento de la Justicia para defender que el procesamiento de quienes permitieron la consulta del 9-N o el debate en el Parlament de la hoja de ruta hacia la independencia es una decisión «política» ajena al cumplimiento de la legalidad.
Esta idea fue difundida por distintos portavoces y expuesta en Madrid por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y por su antecesor, Artur Mas, justo el día en el que el Congreso aprobaba conceder el suplicatorio del portavoz del PDECat, Francesc Homs, ex conseller de Presidencia, y en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citaba a declarar como investigada a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.
Estas decisiones, según los argumentos defendidos desde Cataluña, son la prueba de la «baja calidad» de la democracia española. «La democracia está seriamente en peligro», defendió ayer Puigdemont, si el Congreso puede anular la decisión de los votantes catalanes y si se procesa a alguien por haber tenido el «coraje» de cumplir un «compromiso electoral», en referencia a la organización de la consulta. Y, según el relato catalán, si no hay democracia tampoco hay Justicia.
Puigdemont, Mas y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, estuvieron ayer en Madrid para respaldar a Homs en un acto al que se sumaron representantes de Podemos, PNV y Bildu, y que también contó con la asistencia del cantautor y diputado autonómico, Lluís Llach.
Mas calificó el procesamiento del portavoz de la antigua Convergència de «acto de flagrante injusticia» y de «vergüenza para España». En su opinión, a Homs y a otros se les persigue por «defender una idea pacífica, con amplios apoyos en España, y que es la libertad para Cataluña». «¿Es delito tener ideas pacíficas en la España del siglo XXI?», se preguntó el ex president.
En la misma línea, Lluís Llach afirmó que la «ley no es sinónimo de justicia» y recordó que él pertenece a una generación en que las leyes servían para perseguirlo.
Desde Podemos se insistió en la defensa del derecho a decidir y el PNV directamente sostuvo que a Homs «se le quiere llevar a los tribunales por algo estrictamente político». Estas posturas fueron las que luego se defendieron en el Hemiciclo, en el debate a puerta cerrada sobre la concesión del suplicatorio, que fue aprobado por 248 votos a favor y 91 en contra.
El argumentario catalán se completó ayer con la idea de que el Gobierno no apuesta realmente por el diálogo con Cataluña porque no abandona la senda judicial. El propio Puigdemont le dio cariz institucional a este mensaje al señalar que el apoyo de la «coalición gubernamental» que forman PP, PSOE y Ciudadanos al suplicatorio «llenará de piedras la maleta del diálogo» y «hará más compleja la situación». Convertirá en «mera retórica» los supuestos gestos del Gobierno en la búsqueda de una solución, dijo.
A todo esto el Ejecutivo dio respuesta inmediata aprovechando la comparecencia del presidente Mariano Rajoy y de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el primer pleno de control al Gobierno en el Senado tras casi un año de parálisis. Para el Ejecutivo la actitud de la Generalitat y los representantes de las fuerzas políticas que participaron en el acto de apoyo a Homs sólo puede calificarse de desafío a la legalidad y a la independencia de la Justicia.
Rajoy hizo hincapié en que bajo ningún concepto aceptará que se le someta a la exigencia de celebrar un referéndum «sí o sí». E insistió en que la primera obligación, especialmente de los representantes de la ciudadanía, es la observancia de la ley y el acatamiento de las decisiones de la Justicia. «Sin ley no hay democracia», remarcó.
El presidente del Gobierno mostró su sorpresa ante la intervención del juez, y ahora senador de ERC, Santiago Vidal, sancionado por el Tribunal Supremo por haber sido el autor del proyecto de constitución para una Cataluña independiente, y que utilizó su turno de pregunta al Gobierno para defender su propio caso y cuestionar la independencia del Poder judicial. Vidal fue además uno de los participantes en el acto de respaldo a Homs.
«Díganos», le replicó Rajoy, «las presiones que ha recibido usted para dictar sus sentencias» Y es que, en opinión del jefe del Gobierno, el único argumento de Vidal para atacar a la Justicia reside en el hecho de que ésta le ha sancionado. «El Tribunal Supremo», afirmó , «ha dictado sentencia conforme a la ley. ¿Cuáles son los requisitos que según usted debe cumplir la desobediencia para no ser ilegal? Su primera obligación como juez y como senador es cumplir la ley». El presidente defendió que en España «nadie va a los juzgados por sus ideas», pero sí por sus actos si son contrarios a la legalidad.
La vicepresidenta también hubo de referirse al problema catalán a instancias del senador Josep Lluís Cleríes, para quien, al igual que Vidal, es inaceptable que el Gobierno responda en los tribunales a las decisiones que se adoptan en Cataluña.
Santamaría, como antes hizo Rajoy, insistió en la necesidad de alimentar el diálogo para resolver los verdaderos problemas de los catalanes y pidió «pasar del agravio comparativo al trabajo en común».