ABC 28/01/14
· Alcaldes que esconden la bandera española, condenados a pagar las costas judiciales
· Se impugnan la ausencia de la bandera española, la cesión de locales y el pago de cuotas a la independencia
Hace dos años que Llanos de Luna tomó posesión del cargo de delegada del Gobierno en Cataluña. Dos años que han coincidido con el auge del independentismo oficial, liderado por el presidente catalán, Artur Mas, y secundado por numerosos ayuntamientos catalanes de CiU y ERC. Esa ofensiva secesionista se ha traducido en gestos simbólicos contra el Estado, como la negativa a colocar la bandera española en los edificios consistoriales, el alquiler de trenes para acudir a la manifestación de la Diada, el pago de cuotas a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) con fondos públicos o la cesión de locales municipales para actos independentistas. Acciones todas ellas que van en contra de la ley y que ha obligado a la Delegación del Gobierno a acudir a los tribunales. En lo que respecta a la colocación de la bandera nacional en los ayuntamientos, la ley es muy clara al respecto, pero esos consistorios se resisten a acatarla, hacen caso omiso a los requerimientos de la Delegación y prefieren forzar un procedimiento judicial en el que tienen las de perder. Curiosamente, algunos de esos municipios alegan que no tienen dinero para colocar la bandera española, pero sí para pagar la asistencia jurídica y las costas a las que son condenados casi de forma sistemática, pues los tribunales dan la razón al Estado en la práctica totalidad de sus recursos.
Enfrentamientos
Así, ayuntamientos como los Agramunt, Cervera, Vilallonga de Ter y el Consejo Comarcal del Urgell han pagado 200 euros en concepto de costas tras ser obligados por los tribunales a cumplir la ley de banderas. Mención aparte merece el caso de Santa Coloma de Cervelló, en el que no ha habido condena en costas, pero acumula un largo historial de enfrentamientos con la Delegación por el recurso presentado por la delegada, Llanos de Luna, contra la orden municipal de dedicar una placa al asesino del empresario Josep Maria Bultó en 1977. La AMI ha amenazado con presentar una denuncia por malversación de dinero público por impugnar esos incumplimientos de la legalidad, entre los que también destaca el pago de una cuota a esta entidad con fondos públicos. Así, la decisión de consistorios como Vic o Begues de pagar su afiliación a a la AMI con dinero público ha sido también recurrido por el Estado.
Dos sentencias del Tribunal Supremo refereridas al País Vasco han sentado jurisprudencia al asegurar que no es legal gastar dinero público en fines que no tienen que ver con el interés general o que solo pretenden promocionar ideologías políticas. Llanos de Luna ha sido declarada «persona non grata» en Gerona por haber recurrido la decisión de los ayuntamientos de Gerona y Figueras de fletar trenes para acudir a la manifestación independentista de la Diada de 2012. En el caso de Gerona, el juez dictaminó que el Ayuntamiento intentó utilizar «las competencias municipales en la búsqueda de un beneficio claramente político» al contratar ese servicio especial de trenes. Asimismo, el Gobierno instó al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, a anular la cesión a la AMI (que preside el propio Abadal) de tres despachos municipales.