ABC 19/02/14
· Un juzgado tramita ya la demanda que el Gobierno catalán ha planteado como una «caza de brujas».
· Advertencia de la APM «La opinión y la crítica son libres en España», recuerda la Asociación de la Prensa de Madrid a la Generalitat.
La «caza de brujas» del Gobierno catalán ha llegado al juzgado. Esta es la expresión que PP y Ciudadanos utilizaron en su día, cuando trascendió la decisión del Ejecutivo de Artur Mas de emprender acciones judiciales contra una serie de periodistas, opinadores y una diputada de Ciudadanos que tienen en común su rechazo al proceso secesionista impulsado por CiU. El Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona ha admitido la demanda de protección del derecho al honor presentada por la Generalitat «en nombre del pueblo catalán». Se basa en un informe del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), según el cual, estos colaboradores de Intereconomía TV y 13 TV compararon un proceso «radicalmente democrático» con el nazismo, entre otros regímenes totalitarios.
El CAC vela «por la defensa de la libertad de expresión y de información, del pluralismo, de la neutralidad y la honestidad informativas». Este organismo analizó las emisiones de ambas cadenas entre el 10 y el 17 de septiembre, un día antes de la Diada, concretamente espacios en los que intervinieron los articulistas de ABC Hermann Terstch y Gabriel Albiac; Federico Jiménez Losantos y Xavier Horcajo, de Intereconomía TV; la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, José Antonio Sentís y Alfonso Merlos, de 13 TV.
En su informe, el CAC concluía que «las emisiones efectuadas por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual 13 TV e Intereconomía TV constituyen una infracción muy grave» atendiendo a que «de forma manifiesta fomentan el odio, el menosprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad u opinión».
La denuncia del Ejecutivo catalán provocó anoche la reacción de la Asociación de la Prensa de Madrid. En un comunicado, la organización profesional recordó a Mas «que la opinión y la crítica son libres en nuestro país y que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución». Por contra, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España mantuvo su silencio.
Tras conocerse el informe encargado por la Consejería de Presidencia, dirigida por Francesc Homs, PPC y Ciudadanos reclamaron el cierre del CAC por su «uso partidista». Ahora, los hechos están en manos de la Justicia, aunque ni Terstch ni Arrimadas habían recibido la notificación. De la afición de la Generalitat a señalar a periodistas que no comulgan con el ideario independentista da cuenta el informe encargado a la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre la tendencia ideológica de medios de comunicación catalanes, nacionales e internacionales. El encargo partió del departamento de Homs, el mismo que envió cartas a las embajadas españolas advirtiendo de que la prohibición de una consulta sobre la independencia podría acabar en una situación como la de Ucrania.
En este sentido, en diciembre, el diputado de ERC Joan Tardá amagó con «convertir la plaza Sant Jaume en una plaza Tahrir» para impulsar desde la calle el proceso soberanista, una amenaza que el Gobierno de la Generalitat no se toma nada a broma. Lo explicó ayer el presidente Artur Mas, que se valió de esta amenaza para advertir que el veto al referéndum puede generar será «más preocupante» que la actual, «dado el grado de movilización del país». Con el precedente de las masivas manifestaciones de la Diada de 2012 y 2013, el temor a que sea la calle la que acabe por desbordar a los partidos está muy presente en Cataluña. En este sentido, y ante una nutrida representación de empresarios, Mas pidió al Gobierno que autorice la consulta, convencido de que «si a esto no se le da una buena salida, es evidente que el problema no desaparecerá».
Almuerzo con empresarios
En un almuerzo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte, Mas quiso responder a los empresarios que, por un lado, le dan un plantón tras otro ante su pretensión de incorporarlos a la causa soberanista, y, por otro, exigen que el «proceso» se resuelva desde el diálogo, como hicieron el lunes la CEOE y Fomento del Trabajo. Matizando en parte sus palabras, pero sin dejar de replicarles, Mas señaló a los empresarios que «el diálogo sin más no es suficiente».
INES ARRIMADAS, Diputada de Ciudadanos
«El Consejo debería cerrarse»
Inés Arrimadas es el único político mencionado por el informe del Consejo Audiovisual Catalán (CAC). Diputada de Ciudadanos en el Parlament, su «delito» es que en septiembre de 2013, en el programa «Dando Caña» de Intereconomía, denunció las multas por no rotular en catalán que se imponen a los comercios. «¿Esto no se llama
apartheid? », la interpeló el conductor del programa, Xavier Horcajo (otro denunciado). «Bueno, esto se llama persecución», repuso ella. Arrimadas se reafirma en lo que dijo y critica el papel del CAC. «Denuncio que el Gobierno use al CAC para que, con dinero público, haga un informe sobre medios de comunicación que además están fuera de su competencia, porque emiten a nivel estatal. Se ha extralimitado», afirmó a ABC. «Que se dediquen a hacer fichas sobre opiniones y personas me recuerda a otra época. En cambio no denuncian el trato a Ciudadanos y al PP de las televisiones públicas y privadas catalanas», abundó. «En mi caso, es extremadamente grave, porque soy una representante pública, a la que se identifica con nombre y apellidos, se la señala», censura Arrimadas. «El CAC es un instrumento al servicio del separatismo y creemos que debería cerrarse», remacha la diputada.
HERMANN TERTSCH, Periodista
«Mas tiene tintes totalitaristas»
El columnista de ABC Hermann Tertsch es uno de los aludidos en el informe del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que sirve de base a la denuncia de la Generalitat, aunque todavía no ha recibido la notificación de que sea uno de los demandados. El documento del CAC recoge los reproches de Tertsch al informativo infantil Info-K que TV3 hizo sobre los niños que participaron en la Diada. En él, se recogía la declaración de una menor que afirmaba: «Si lo queremos los catalanes, al final España se tendrá que rendir y podremos tener la independencia». A propósito, en el programa «El cascabel» del canal 13TV, Tertsch censuró que TV3 «esté incitando a los niños al odio a España». «Han sacado los niños por la independencia, como los pioneros de Castro o los niños soldado en África», dijo. «Es insólito que en un Gobierno democrático, del primer mundo y europeo, desde el poder, se denuncie a periodistas por un supuesto delito», se lamentó Tertsch en declaraciones a ABC. «La deriva separatista del Gobierno de Mas está cogiendo tintes totalitaristas», añade el columnista, quien denuncia que en programas de TV3 «se llama nazi a Rajoy», o se «dispara a una diana con la cara del Rey».
ABC 19/02/14