Es de esperar que el PP tenga ya trabajando a un nutrido grupo de juristas expertos en la derogación de leyes, porque la agenda de despropósitos destinados a la basura aumenta cada día que pasa: ‘Memoria democrática’, consistente en falsear el relato de nuestra historia, ofrecer una visión sectaria de lo acontecido en el último siglo, equiparar a asesinos y asesinados, una vez reconocidos los portavoces de los primeros como socios parlamentarios perfectamente legítimos, y subvencionar con 450.000 euros a la asociación que considera a Txapote y otros sicarios de su calaña víctimas de violencia política. ‘Educación’, cuyo propósito es maleducar, equiparar el esfuerzo a la vagancia, garantizando resultados parecidos a los alumnos que estudien y a los que no den un palo al agua, y eliminar el español como lengua vehicular de la enseñanza, a fin de satisfacer al separatismo a costa de privar a los jóvenes de un idioma que hablan seiscientos millones de personas y constituye una herramienta laboral de primer orden en el mercado global. ‘Ley Trans’, que abre la puerta a mutilaciones irreversibles practicadas a menores de edad y borra la identidad sexual sin otro requisito que la voluntad expresada ante un funcionario del registro civil. ‘Sólo sí es sí’, cuya mera premisa es un absurdo, toda vez que se empeña en negar que el consentimiento (o, mejor dicho, su ausencia) haya estado en la base de los delitos de índole sexual en todos los códigos penales de la democracia. Y ahora esta ‘ley de vivienda’ que bendice la okupación y se carga de un plumazo el derecho a la propiedad privada consagrado en nuestra Constitución.

Según el texto anunciado por el Gobierno, que se votará el jueves en el Senado previas enmiendas presentadas por Podemos, ERC y demás extrema izquierda aliada al PSOE, la patada en la puerta pasa a ser un método lícito para acceder a una casa e instalarse a vivir en ella, o cuando menos en un modo seguro de hallar cobijo sin verse obligado a pagar alquiler o hipoteca. Las trabas impuestas para obtener un desalojo legal son tales, que resultan disuasorias para el propietario que sufre la desgracia de un allanamiento. Las mafias lo saben y han convertido ese delito en un negocio enormemente rentable, que involucra a cerca de cien mil viviendas en España. Solo en la Sareb, 5.600, de las cuales la mitad están habitadas por personas con recursos suficientes, que deciden ahorrarse ese gasto simplemente porque pueden, porque vivimos en un mundo al revés donde los okupas detentan el poder y los okupados deben resignarse a perder su propiedad o recurrir a empresas privadas que cobran por hacer el trabajo de jueces y policías.

Esa es la herencia de Sánchez. Si Feijóo aspira a sustituirle en La Moncloa, debería ir comprometiendo una agenda derogatoria tan extensa como detallada.