La reforma de las pensiones del ministro Escrivá depara grandes sorpresas. Ya sabe que se comprometió a hacerlo para satisfacer a la Unión Europea, que veía con gran preocupación la evolución en el tiempo de nuestro sistema de reparto. No es de extrañar, cuando vemos que en los últimos diez años las pensiones medias han subido tres veces más que los salarios. La lectura es sencilla. Los jóvenes ganan salarios menores, pero aportan más a través del aumento de las cotizaciones. Y como el agujero no mengua es necesario recurrir al endeudamiento, es decir, a la emisión de más deuda. De una deuda cuyos intereses y devolución caerán sobre ellos mismos -¿o nos la van a perdonar los acreedores?- antes de que accedan a la jubilación. No me diga que no es una situación curiosa.
El Gobierno empezó la reforma por lo sencillo y lo complaciente, que es eliminar los mecanismos dirigidos a compensar su evolución en base a cosas tan relevantes como la esperanza de vida, el empleo, etc, y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. La ‘mala suerte’ llegó cuando justo el primer año la inflación se ha disparado y ha obligado a aprobar una subida nada menos que del 8,5%, lo cual ayuda muy poco, o más bien, dificulta la consecución de los equilibrios financieros necesarios. Como tiene que cumplir con Europa y no está dispuesto a reducir el gasto -algo que considera suicida en un año electoral-, no ha tenido más remedio que pensar en el ingreso y por eso ha subido las cotizaciones y avanzado que seguirá haciéndolo en el futuro. De momento ya ha anunciado un 8,6% de aumento de las cotizaciones máximas.
Los progresistas aseguran que en España se pagan pocos impuestos. Olvidan una realidad y cometen un error. La realidad es que calculan el ingreso total considerando solo una parte del PIB, que es la observable fiscalmente, y olvidan a la economía sumergida que por definición nadie sabe cómo es de grande, pero que nadie estima por debajo del 18%. El error es no sumar a los impuestos recaudados las cotizaciones sociales pagadas. Ya antes de las subidas anunciadas las empresas españolas pagan el 29,9% del salario bruto en cuotas a la Seguridad Social, lo que supera en ocho puntos la media de la UE (21,9%) y deja muy atrás a la de la OCDE, que es del 16,3%.
Las pensiones son un magnífico ejemplo de solidaridad intergeneracional en el que los trabajadores en activo sostienen a quienes trabajaron antes que ellos. Pero a la vista de cómo evolucionan las cosas y las cifras, ¿estamos seguros de que es justo y equitativo el actual reparto de derechos y cargas? Yo creo que no.