El dictamen favorable a la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Sabadell concretado el miércoles por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -por unanimidad de los cinco consejeros concernidos en la decisión, pese a que Junts opte ahora por disfrazar el aval de Pere Soler, designado a propuesta de los de Carles Puigdemont- ha adentrado la sensible operación bancaria en un terreno insoslayable. Insoslayable para el Gobierno de Pedro Sánchez porque el Consejo de Ministros deberá resolver en un plazo máximo de 45 días si da vía libre a la opa o la condiciona hasta tal punto -posibilidad a la que ha dado aire la disconformidad que viene dejando traslucir el Ejecutivo- que las objeciones puedan hacer embarrancar la aspiración del banco vasco. Pero insoslayable sobre todo, más allá del protocolo de actuación que define la Ley 17/2007 de Defensa de la Competencia, porque la aprobación por la CNMC marca el terreno de juego con unos criterios técnicos que embridan los de interés u oportunidad política. Especialmente cuando el informe es fruto de la cuadratura de los requisitos planteados por el regulador independiente con su aceptación por parte de BBVA, aun cuando Sabadell los crea insuficientes y discrepe de la metodología.