Pedro Sánchez se ha caracterizado tradicionalmente por no rendir cuentas ante el Congreso en lo que atañe a la política exterior. No es una cuestión menor. Desde que Rusia atacara a Ucrania, la posición de España ha quedado fijada discrecionalmente por el Ejecutivo sin que las Cámaras hayan podido fiscalizar algo tan sensible como el apoyo militar. Coincidiendo con la visita de Volodímir Zelenski a Madrid, se ha hecho público un acuerdo bilateral de seguridad por el que España asistirá a Ucrania con un paquete armamentístico de más de mil millones de euros. El monto de esta dotación no encuentra precedentes desde que nuestro país comenzara a auxiliar los intereses ucranianos después la invasión rusa.

Lo más relevante de este acuerdo no es sólo su contenido, que puede ser razonable, sino las formas opacas con las que se ha tramitado. En esta ocasión, el presidente del Gobierno no sólo ha actuado de espaldas al Congreso, sino que ha también ha ocultado esta operación a sus socios. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado al PSOE de tramitar este apoyo sin comunicárselo a Sumar, lo que pone de manifiesto la falta de sintonía del presidente con los de Yolanda Díaz. La amplísima partida presupuestaria que sufragará este equipamiento armamentístico de ayuda a Ucrania se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 16 de abril, pero la redacción literal camufló el destino final de la inversión. El resultado de esta treta de Sánchez es extraordinariamente grave, pues hubo ministros que estaban aprobando algo que desconocían. De hecho, la dotación estaba descrita como «suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades militares», lo que parecía indicar que se trataba de un gasto orientado a paliar las necesidades crecientes de nuestras Fuerzas Armadas.

Sin entrar a valorar el fondo de este pacto, el modo en el que Pedro Sánchez ha gestionado el nuevo apoyo a Ucrania resulta inadmisible. El PSOE empieza a ser consciente de la contingencia de sus apoyos y de la falta de entendimiento con Sumar, como quedó demostrado la semana pasada con los fracasos parlamentarios de la ley del proxenetismo y la ley del Suelo. Esa fragilidad es la que ha llevado a los socialistas a intentar gobernar tomando atajos poco ortodoxos y faltando a la transparencia debida. Ante la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos, como sería obligado, los de Sánchez han optado por ir tomando soluciones de urgencia que en ocasiones resultan desleales con los españoles y hasta con sus propios aliados. Derivar una partida presupuestaria concebida para cubrir las necesidades de nuestra defensa al frente ucraniano es algo que exigiría un debate amplio, sosegado y sincero en el Congreso. En el caso de que el Gobierno decidiera, por su cuenta y riesgo, brindar un apoyo económico y militar tan robusto a Ucrania, lo mínimamente exigible es que esa cobertura se hubiera realizado de forma visible y que pudiera someterse al escrutinio parlamentario, al de la opinión pública y, por supuesto, al de sus socios de gobierno.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, suele apelar a la holgura presupuestaria para restar importancia al hecho de que el PSOE no cuenta hoy con una mayoría suficiente como para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. A la vista de lo sucedido con algo tan delicado como el gasto militar, resulta inquietante imaginar cuántas excepciones irregulares se estarán cometiendo con las cuentas públicas. Sánchez sigue empeñado en gobernar sin ser la fuerza más votada. Pero cada vez se hace más evidente que ni siquiera sus socios están dispuestos a convalidar sus artimañas.