EL sanchismo tiene mucha tarea para salvar la legislatura y no ha tardado ni veinticuatro horas en ponerse a despacharla. Siguiente pantalla. La resignificación de la derrota europea como un empate o un tropiezo sin importancia la ha dejado en manos del laboratorio de mensajes y su equipo de opinión sincronizada, que también tardará poco en pasar página y dedicarse a analizar la dimisión de Yolanda Díaz, flamante exfutura presidenta –como decía Al Gore de sí mismo- del Gobierno de España. (Inciso: Sumar, el partido en eterna fase de fundación, tiene ahora más ministros que eurodiputados y antes de terminar de constituirse se ha quedado sin liderazgo). Las preocupaciones de Sánchez circulan ya por otro lado y tienen dos frentes inmediatos: la investidura catalana, que ha empezado con un revés parlamentario a manos de sus teóricos aliados, y sobre todo y en primer plano el rescate de Begoña Gómez, la operación para sacar su caso del control del juez Peinado.

En Cataluña los separatistas van a dar problemas; de momento Esquerra, la única esperanza de Illa, le ha entregado a Junts la Presidencia de la Mesa, previo desacato al Tribunal Constitucional a modo de declaración de intenciones sobre lo que espera. El regreso de Puigdemont como candidato a la Generalitat está más cerca. Quizá también la repetición electoral por mutuos bloqueos, lo que puede servir a la Moncloa para ganar tiempo hasta ver si en otoño se despeja el camino de los Presupuestos. Pero en esa compleja partida no hay apremio. La verdadera urgencia gubernamental está en el plan para evitar que la esposa del jefe Ejecutivo declare como imputada en un juzgado madrileño. Y ahí se ha producido un providencial movimiento: la reclamación del caso por parte de los fiscales europeos, que frena las tomas de declaración en curso y aparta a las acusaciones particulares del proceso.

Sucede que por casuales avatares de la vida el coordinador español de dicha Fiscalía es un protegido de Dolores Delgado y hermano de un exsenador socialista. Y que al haber fondos comunitarios por medio en el asunto que se investiga tiene toda la lógica que la acusación internacional avoque para sí las pesquisas. Sucede también que ese trámite paraliza las diligencias emprendidas por el órgano judicial de menor categoría, incluidas las prácticas interrogatorias que ya estuviesen previstas. Si el instructor no está de acuerdo puede elevar recurso al Supremo –como pretende hacer respecto al sumario Koldo el magistrado de la Audiencia Ismael Moreno– y plantear un conflicto de competencias… de desenlace previsiblemente lento. En cualquier caso, la documentación y la iniciativa del procedimiento han de remitirse a Europa mientras se resuelve el pleito. La clave del expediente ‘Free Bego’ se resume en el dicho popular de que siempre conviene tener amigos hasta en el infierno. Y saber atar los cabos sueltos.