Operación Plus Ultra: ¿Dos presidentes al precio de uno?

Nada que ver con aquella radiofónica ‘operación Plus Ultra’ que premiaba en los 60 las gestas de perspicaces pipiolos cuya heroicidad se recompensaba con una beca y un viaje en avión al Vaticano donde los recibía Su Santidad. Tampoco con aquella otra hazaña aérea de los Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada que, a bordo del hidroavión Plus Ultra, atravesaron por primera vez en 1926 el Atlántico sur desde la localidad onubense de Palos a Buenos Aires. Se trata, por contra, de la maniobra delictuosa de dos presidentes socialistas –uno en ejercicio, Pedro Sánchez, y otro cesante, José Luis Rodríguez Zapatero– que, a pachas, inyectaron de forma dudosamente legal 53 millones a la compañía hispano-venezolana Plus Ultra en el COVID y cuyo desembolso podría haber valido para lavar el dinero negro proveniente de actividades criminales.

Al ordenar la Justicia la apertura de la caja negra de esta ‘operación Plus Ultra’ y asomar los enjuagues de Zapatero con el régimen de Maduro, el escándalo pudiera servir, por carambolas del destino, para cobrarse la cabeza de ambos evocando el «dos al precio de uno» con el que, en 1990, Felipe González quiso zanjar el ‘caso Juan Guerra’. No es de extrañar que no les llegue la camisa al cuello, aunque Sánchez exhibiera un bostezo en su balance anticipado de fin de año y Zapatero adopte la cara pasmada de ‘Mr. Bean’. Entre tanto, una absorta opinión pública observa cómo sus gobernantes saquean el Estado como si, según Ramón y Cajal, «estafarle equivale a no estafar a nadie».

No en vano, a raíz de ese favor millonario intermediado por Zapatero, según pública confesión del entonces ministro y hoy preso Ábalos, se produjo un giro copernicano de Sánchez con respecto a la satrapía venezolana. Alejándose del consenso europeo, dejó tirado a Juan Guaidó, presidente interino reconocido por 60 estados, para alinearse con Zapatero como chambelán del bolivarismo.

A este fin, contraviniendo los criterios establecidos para el reparto de este fondo estatal de 10.000 millones, Plus Ultra fue agraciada una aerolínea cuya propiedad real se velaba por una madeja de sociedades interpuestas que tapaban la identidad de los tenedores de la mayoría de sus acciones. Para más inri, estos trajinaban con sociedades panameñas cuando un mes antes la vicepresidenta Calviño había ratificado, junto con sus homólogos europeos, la inclusión de ese país en la lista negra de paraísos fiscales.

Era «un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma», como manifestó con sorna Churchill sobre qué haría Rusia con relación a la Alemania nazi, una compañía que, en 2019, había cursado el 0,03% de los 2,36 millones de operaciones de Aena y con administradores condenados por delito fiscal o acusados en otro de estafa por la quiebra de Air Madrid en 2006. Desde primera hora, el gatuperio de Plus Ultra tenía todas las trazas –hoy ya refrendadas– de haber beneficiado a una empresa zombi en perjuicio de otras empresas que, atenidas a la ley, se quedaron a dos velas.

No es que Sánchez, a instancias de Zapatero, usara dos varas de medir, sino que empleaba tantas como exigían la arbitrariedad y la discrecionalidad. Como denunció el escritor Moisés Naim, exministro con el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, gran amigo de Felipe González, Sánchez estaba permitiendo que «violadores de los derechos humanos, gente que ha robado fortunas, estén gozando de sus bienes mal habidos y de una total libertad de tránsito». En vez de solidarizarse con el pueblo venezolano, España se convertía «en la guarida de los ladrones del chavismo». Algo que ha vuelto a patentizar Sánchez con su ominoso silencio con la concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, ganadora junto a Edmundo González de las últimas elecciones, cuya derrota Maduro no admitió transigiendo con su pucherazo.

Pero, ¿cómo no iba a callar Sánchez cuando parte del dinero dado por la SEPI a Plus Ultra –en concreto, 10 millones de euros– podría haberle aupado a la Presidencia de la Internacional Socialista, según denuncia del comisionista Víctor de Aldama, cuyas revelaciones se han venido confirmando. De hecho, guardaría documentación confidencial en el extranjero de la posible participación de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE.

Esta turbia operación tuvo como antecedente los enjuagues del embajador español en Caracas, Raúl Morodo, nombrado por Zapatero en 2004 por recomendación de su ministro de Defensa Bono, por ocultar a Hacienda el cobro de unos 4,5 millones de euros de la petrolera venezolana PDVSA. La familia Morodo habría blanqueado esas coimas mediante una tramoya de sociedades con dos socios venezolanos, uno de los cuales, Juan Carlos Márquez, jefe del gabinete jurídico de PDVSA entre 2004 y 2013, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, pero con heridas en el pecho y en la cabeza, lo que movió a la sospecha de que pudieran haberlo suicidado. En una componenda con la Fiscalía y la Abogacía del Estado auspiciada por Sánchez, mientras forzaba a su fiscal general del Estado a romper el acuerdo tributario con la pareja de la presidenta madrileña y emprender la ofensiva contra Ayuso que le supuso su reciente inhabilitación por el Tribunal Supremo, Morodo padre e hijo soslayaron pisar la cárcel, pese a solicitárseles penas de tres años y medio para el primero y de ocho y medio para el segundo.

Embarcados Sánchez y Zapatero en Plus Ultra, la detención la pasada semana del empresario Julio Martínez Martínez, junto al presidente y al consejero delegado de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli respectivamente, en el marco de esta investigación por blanqueo de capitales puede coadyuvar a aflorar los chanchullos de Zapatero con Maduro. En esta trama, Julio Martínez Martínez, con quien Zapatero se reunió en la víspera en un paraje campestre madrileño, tal y como dio cuenta El Debate el lunes, sería el testaferro del expresidente, además de figurar como cliente de la agencia de comunicación de Laura y Alba Zapatero Espinosa.

Para sortear un eventual «dos presidentes al precio de uno», Sánchez se aferrará al machito como un poseso a fin de maniatar a la UCO que, desde ayer, tiene un nuevo coronel-jefe más del gusto de Moncloa y torpedear las instrucciones judiciales con la nueva fiscal general que no se alejará un ápice de su antecesor, el condenado Ortiz, pero eludiendo cualquier renuncio que la inhabilite. Entre tanto, sus socios Frankenstein volverán a redil en cuanto sustraigan nuevas mercedes en el ámbito fiscal y en el reconocimiento del estatus de nación de Cataluña y el País Vasco dentro de organismos como la Unesco o la Organización Mundial del Turismo como pasos previos a más altas instancias.

Ello imposibilitará depurar de responsabilidades de modo que persista, como señalaba a fines del siglo XIX Lucas Mallada en Los males de la patria, «el pandillaje político y el desbarajuste administrativo» que hacían que no hubiera nación en el mundo donde con tanto descaro arrasaran los fondos del Estado al ensancharse las conciencias «en igual proporción que el despilfarro y las defraudaciones».