El 26 de mayo de 2019, Carles Puigdemont obtuvo un gran éxito: la lista que encabezó al Parlamento Europeo (Junts) obtuvo dos escaños y más de un millón de votos. Por efecto del Brexit, acumuló luego un tercer asiento, de modo que él, Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres huidos de la Justicia española, se sentaron en el órgano legislativo de la Unión Europea consiguiendo reforzar sus defensas ante el Estado español. Este lunes, según filtración segura del escrutinio, oficial a las 9:00, el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus dos exconsejeros perdieron su inmunidad al votar favorablemente la Cámara europea el suplicatorio solicitado por el magistrado instructor de la causa del proceso soberanista en el Tribunal Supremo.

El procedimiento hasta la desposesión de la inmunidad de Puigdemont y de los dos exconsejeros ha sido largo y de carácter secreto. Se gestó en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara y el informe favorable al suplicatorio ha sido secundado por una holgada mayoría integrada por los populares, los socialdemócratas y los liberales, aunque no por los verdes, ni por parlamentarios de extrema derecha ni por los de extrema izquierda (entre ellos, Podemos). Al ser igualmente secreta la votación, no sabremos qué miembros de los distintos grupos se han podido desmarcar del criterio de sus respectivas direcciones. 

En cualquier caso, la concesión del suplicatorio es un alivio para el Estado, porque supone que el Parlamento Europeo no considera que exista persecución política contra los reclamados e implica también que se reconoce plenamente el sistema jurisdiccional garantista de nuestro país. Tras los reveses de las euroórdenes, esta decisión del Parlamento de la UE supone un reconocimiento de nuestra calidad democrática. Sin embargo, es solo el inicio de una eventual entrega de Puigdemont, Comín y Ponsatí, que se someterá ahora al procedimiento de la euroorden solicitada a la Justicia belga, pero seguramente no antes de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión sobre los criterios que deben aplicarse en ese proceso. En función de lo que se determine, se reactivará la ahora vigente pero suspendida euroorden o se remitirá otra de diferente contenido.

El pasado mes de enero, los tribunales belgas la denegaron para Lluís Puig, aduciendo que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarle. Con Puigdemont, Comín y Ponsatí, ese argumento no es de aplicación, porque no solo están aforados ante el alto tribunal por conexión, sino por mandato legal, ya que los eurodiputados solo pueden ser enjuiciados por la Sala Segunda. Por otra parte, Pablo Llarena, el magistrado instructor de la causa, ha dado los primeros pasos (25 de febrero) para reclamar del Tribunal de Justicia en Luxemburgo un pronunciamiento sobre la adecuación a los términos de la euroorden de las decisiones de los jueces belgas, iniciativa que ha sido secundada por la Fiscalía.

Si se presenta de inmediato ante el TJUE el escrito del juez instructor, la Justicia belga deberá paralizar la euroorden actual contra Puigdemont, Comín y Ponsatí y esperar a que lo que plantea el magistrado del caso del ‘procés’ se resuelva. De tal modo que la Justicia belga tendría que decidir la euroorden conforme a los criterios que le suministren sus colegas europeos. Este trámite de consulta al TJUE, por una parte, y la tramitación posterior de la euroorden, por otra, llevarán mucho tiempo. De ahí que, de momento, debamos quedarnos con la votación de este lunes, que es el prolegómeno del último intento de que Puigdemont, Comín y Ponsatí sean entregados a España, juzgados en la Sala Segunda, bien conforme al vigente Código Penal, bien conforme a otro modificado en los delitos de rebelión y sedición, si el Gobierno se decide a plantear su reforma mediante un proyecto de ley orgánica. La operación Puigdemont, por lo tanto, está lejos de resolverse y sin certeza de que sea de modo favorable a la reclamación española.

El levantamiento del suplicatorio a los tres fugados, sin embargo, es una decisión parlamentaria que se produce en un tiempo político importante. Es el tercer revés para Puigdemont, cuya lista en las catalanas quedó por detrás de las del PSC y ERC, lo que llevará a un republicano a la presidencia de la Generalitat, de modo que su ‘legitimismo’ quedará sustituido por el del nuevo presidente que sea elegido por el Parlamento catalán. Por otra parte, se trata de un cierto éxito internacional de España —aunque los suplicatorios se conceden en su mayoría—, al reconocerse implícitamente su calidad democrática. Sin olvidar que la euroorden será modificada esta legislatura, a iniciativa de los europarlamentarios españoles del PP y del PSOE, y abarcará automáticamente los delitos contra la integridad constitucional de los Estados de la Unión.Hay que destacar también una nueva muestra de la extravagancia de la política internacional española: que los eurodiputados de un partido en el Ejecutivo (Unidas Podemos) voten contra un suplicatorio emitido por la Justicia del Estado en que gobiernan. No es extraño que Sánchez —aunque solo sea por dignidad de la institución que encarna— retrase su prevista conversación con Iglesias, que lleva demasiado tiempo y de forma gravísima atentando contra la reputación democrática de España.

 La fuga de Puigdemont, Ponsatí y Comín plantea, además, cuestiones adicionales: ¿es posible la concesión del indulto a los condenados cuando las responsabilidades de todos los participantes en el 1-O no se han depurado? Y una más: en el caso de que los jueces belgas, cuando examinen la euroorden, decidan actuar como los alemanes en julio de 2018, y entregar a los reclamados solo por malversación, ¿lo aceptará el instructor? Aventuro con escaso riesgo de error que ahora sí: la entrega del expresidente de la Generalitat se aceptará en todo caso porque Puigdemont y sus acompañantes son menos lesivos dentro que fuera de nuestro país. En el último intento, no puede marrarse la decisión.