No tiene sentido que la política contra ETA se modifique cuando su principal impulsor tiene más poder. Si desde el Ministerio del Interior ha trazado la estrategia de firmeza contra ETA en los últimos cuatro años –enfrentándose en ocasiones a compañeros como Eguiguren–, desde la vicepresidencia aumenta su capacidad para marcar la línea.
Las declaraciones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre los movimientos que se producen en la izquierda abertzale y, sobre todo, la apostilla de que «no van a ser en balde» han abierto una polémica con el principal partido de la oposición. La sensación, además, de que ETA se encuentra en la fase final –sensación que hasta el momento no comparten los propios terroristas– ha llevado a interpretar los cambios de gobierno en clave de lucha antiterrorista. Algunos temen que el Ejecutivo se esté moviendo para capitalizar un posible final de ETA.
La intención exacta que pueda haber detrás de esas palabras del presidente sólo la conoce el propio José Luis Rodríguez Zapatero, pero hasta que se vayan desvelando esos propósitos toca analizar los datos conocidos.
El primero de esos datos es la conversión de Alfredo Pérez Rubalcaba en el hombre fuerte del Gobierno, con lo que eso supone de refuerzo de las estrategias que el ministro del Interior viene aplicando contra ETA. No tiene sentido que la política contra la banda se modifique cuando su principal impulsor tiene más poder. Si desde el Ministerio del Interior ha trazado la estrategia de firmeza contra ETA en los últimos cuatro años –enfrentándose en ocasiones a algunos compañeros como Jesús Eguiguren–, desde la vicepresidencia su capacidad para marcar la línea ha aumentado.
Rubalcaba, en sintonía con el lehendakari y el consejero de Interior, Rodolfo Ares, admiten que Batasuna ha realizado algunos movimientos y reconocen la novedad de que por vez primera se haya abierto un conflicto entre ETA y su brazo político. Sin embargo, consideran que hasta el día de hoy esos movimientos resultan insuficientes. Batasuna no ha roto con ETA y la banda sigue sin renunciar a las armas y persiste en sus esquemas del pasado para negociar una tregua imponiendo condiciones al Gobierno, como primer paso de una negociación política.
Y como la actuación de Batasuna no satisface los mínimos que le reclama el Gobierno, ni Rubalcaba ni Ares son partidarios de aflojar en su presión hacia la formación ilegalizada.
Creen que si ahora levantan el pie del acelerador y permiten que Batasuna vuelva a las instituciones desaparecerá el incentivo de ese partido para presionar a ETA. Así que no están dispuestos a facilitarle el retorno a la legalidad mientras la banda terrorista persista con las armas. La mejor muestra de la voluntad del Gobierno es el acuerdo alcanzado hace pocos días con el PP para introducir reformas legales que dan más instrumentos a los poderes públicos para ilegalizar listas y que abren la puerta a actuar contra listas que se hubieran podido colar, incluso después de celebradas las elecciones. Cuando las cámaras aprueben esas reformas habrá más posibilidades de actuar contra candidaturas que no rompen con el terrorismo.
Además, el Ministerio del Interior no ha aflojado la presión policial contra el entorno político de ETA. La Policía, la Guardia Civil y el CNI controlan de cerca todos los movimientos y cuando observan que se están produciendo actividades de reorganización de los grupos ilegales actúan con detenciones. Recientemente fueron encarcelados los nuevos dirigentes de Ekin y también se ha actuado contra Askapena, organización a la que se acusa de actuar al servicio de ETA en el ámbito internacional. La vigilancia en este terreno es permanente; en cualquier momento puede haber más operaciones.
La política penitenciaria del Gobierno sigue apostando por estimular las disidencias entre los reclusos para que se desmarquen de manera fehaciente de la banda. Por eso incentiva la ruptura con ETA y premia con traslados a Nanclares y con algunos permisos a aquellos que se suman a esa línea, una línea que molesta a los jefes de la banda, como bien se ocupaban de expresar en su última declaración pública.
Al margen de la política antiterrorista, la presencia de Ramón Jáuregui en el Gobierno introduce un factor eminentemente vasco en el análisis de la crisis. El ex vicelehendakari es un hombre con capacidad sobrada para desempeñar un ministerio, con fama de político trabajador como pocos, talante moderado, capacidad para el diálogo y mano izquierda para negociar. Su trayectoria política en Euskadi le convierte en una figura fundamental para cuidar ese entendimiento con el PNV que necesita el Gabinete de Zapatero en esa nueva época. Y es en ese papel en el que pueden aparecer fricciones con el PSE, sobre todo cuando se planteen los pactos de gobierno en diputaciones y ayuntamientos.
El equipo que dirige el PSE recibió el poder después de la dimisión de Nicolás Redondo, en el 2001, tras un intermedio en el que Jáuregui rigió el partido al frente de una gestora. Ese equipo, liderado por López, Eguiguren y Ares, le dejaron al margen a la hora de conformar la nueva dirección del PSE. Quizás por eso el PNV aprovecha estos días para meter el dedo en el ojo indicando que Jáuregui no es «santo de la devoción de Patxi López».
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 22/10/2010