Orden constitucional y elecciones

Nadie discute que estamos ante la mayor crisis política e institucional de nuestra democracia, provocada por los independentistas catalanes. Y que tiene más profundidad estratégica que la asonada militar del 23 de febrero de 1981. Entonces se trató de un golpe de Estado “clásico”, abortado gracias al rey Juan Carlos y a las enormes torpezas de sus criminales instigadores.

Hoy estamos también ante un golpe de Estado. Y el rey Felipe VI se ha expresado con total contundencia y claridad en defensa de la Constitución y de la democracia. Pero las formas de este nuevo golpe son radicalmente distintas, aunque ahora también hacen uso de la coacción y comparten comportamientos fascistoides, desde el impedimento antidemocrático de las normas elementales de cualquier Parlamento democrático, como vimos hace apenas un mes en el Parlament de Catalunya, al enorme “pucherazo” de su pseudorreferéndum, manifiestamente ilegal, o a la burda manipulación de la opinión pública (incluyendo el papanatismo de muchos medios de comunicación internacionales), mediante fake news, en el más puro estilo populista.

Pero lo revisten de reivindicación democrática (como si votar al margen de la ley fuese sinónimo de democracia y no de prostitución de la misma) y pretenden revertir lo obvio, condenando y acosando a los defensores de la legalidad (por cierto, por mandato judicial independiente) y enalteciendo a los que deliberadamente la incumplen. Propio de las revoluciones. E impropio de sociedades democráticas.

Por ello, la prioridad ahora debe ser restablecer la legalidad. Y eso significa cumplir y hacer cumplir la Constitución. E ir, con el imperio de la ley y el Estado de derecho, contra los que la han violado flagrantemente y que no pueden quedar impunes. Pura salud democrática.

Sorprende que Puigdemont y Junqueras no estén ya sometidos a la acción de la justicia

Son ya demasiadas las pruebas acumuladas. No es admisible que sólo sean ciudadanos, algunos sorprendidos en su buena fe y otros activistas confesos, los que reciban las consecuencias de sus actos y no lo hagan los dirigentes y responsables políticos que están detrás de los mismos. Agazapados cobardemente y midiendo sus posibles responsabilidades personales o políticas, intentando escudarse en pretendidos movimientos de masas manipuladas.

No hay, ni probablemente sea conveniente que los haya, detenidos por los hechos del pasado domingo (lo que contrasta con las acusaciones de “brutal” represión, que recuerdan las prácticas cínicas y tramposas habituales de los etarras en otros tiempos). Pero sí que sorprende al sentido común que el mayor de los Mossos —claro sospechoso de desobediencia y de sedición— siga en su puesto, o que los señores Puigdemont o Junqueras o la señora Forcadell no estén ya sometidos a la acción de la justicia, por su comportamiento antidemocrático y golpista.

Sé que a los pusilánimes tales afirmaciones pueden escandalizarles. Pero me gustaría que respondieran a una cuestión muy simple: ¿es admisible la tolerancia ante el incumplimiento de la ley y el desprecio a las resoluciones judiciales? ¿Caben excepciones de “oportunidad política” que justifiquen la inacción ante tales comportamientos?

Restablecer el orden constitucional debe ser, pues, condición necesaria. Y responsabilidad inexcusable de cualquier Gobierno democrático cuya legitimidad descansa no en el número de manifestantes sino en el voto de los ciudadanos y del ejercicio de mayorías parlamentarias legítimas. Pero cuya circunstancia no les exime de cumplir la ley, que está por encima de todos, como sí ha hecho de manera escandalosa la actual mayoría en el Parlament de Catalunya, silenciando vergonzosamente a la oposición e impidiendo cualquier tipo de debate.

Y para ese restablecimiento existen diversos mecanismos. Y no cabe excluir ninguno. Desde la aplicación inmediata de lo que dispone el artículo 155 de la Constitución (tan constitucional, por cierto, como cualquier otro), hasta la aplicación de otros artículos que prevén diferentes situaciones excepcionales (y qué más excepcional que un golpe de Estado contra la Constitución democrática de todos) o la directa aplicación de la Ley de Seguridad Nación.

Obviamente, sería muy deseable que esa imprescindible defensa del Estado democrático (que no del Gobierno de turno) se hiciera con el máximo consenso entre los partidos constitucionalistas y, por lo tanto, con una clarísima mayoría parlamentaria.

Pero si eso no es posible, y la actitud de la actual dirección del Partido Socialista alimenta el escepticismo al respecto, aplíquese la ley con todas sus consecuencias, restablézcanse el orden constitucional, la dignidad de las instituciones y el sosiego ciudadano, y, una vez eso garantizado, llámese a los ciudadanos a que expresen su opinión a través de las urnas.

A los ciudadanos de Cataluña a través de unas elecciones autonómicas con garantías democráticas (nada que ver con la gran kermesse antidemocrática y chusca del pseudorreferéndum del pasado domingo), y a los ciudadanos españoles en su conjunto, para que decidan libremente qué Gobierno prefieren para afrontar nuestro futuro como nación unida y democrática. Y que garantice la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de su soberanía y su libertad.

Hace ya muchos años, el general De Gaulle, a la sazón presidente de la República Francesa, ante los hechos revolucionarios de Mayo del 68 (cuyos lemas y fotos dieron también la vuelta al mundo y generaron grandes dosis de simpatía entre los jóvenes de todo el mundo), decidió defender la V República, restablecer el orden, acabar con las ilegalidades y los disturbios, e inmediatamente después convocar elecciones. Y las ganó con total claridad. Resultó que el pueblo francés no coincidía con los revolucionarios de los adoquines y de las consignas florales.

Más adelante, el general De Gaulle tuvo que abandonar el poder al perder un referéndum sobre la regionalización de Francia y que expresó el descontento de buena parte de los franceses a su política, aunque avaló su continuidad básica al elegir como nuevo presidente al que fuera su primer ministro, Georges Pompidou.

Pero en el momento de elegir entre la ruptura o el mantenimiento de las instituciones democráticas y constitucionales, decidió apoyar a quien las encarnaba en ese momento.

Siempre es bueno aprender de la historia. Aunque sea para no repetirla ni en forma de tragedia ni en forma de farsa. También en eso podemos desmentir a Marx.

Josep Piqué fue ministro de Asuntos Exteriores con el PP entre 2000 y 2002.