ABC 24/08/16
EDITORIAL
· El terrorismo etarra sigue teniendo cuentas pendientes con la sociedad española. Otegui tiene las suyas todavía, que debe saldar a través del cumplimiento de su inhabilitación
LA Junta Electoral de Guipúzcoa no puede enmendar la plana a la sentencia firme de la Audiencia Nacional que impuso a Arnaldo Otegui su inhabilitación hasta el año 2021. Por ser firme, esa sentencia ya es intocable, no sólo por Otegui, sino por cualquier otro órgano público o Tribunal. La defensa de quien fuera varias veces condenado por terrorista pretende la argucia leguleya de forzar una reinterpretación de la condena a inhabilitación para empleo o cargo público, cuando realmente lo que quiere es impugnarla a destiempo. La razón jurídica, por tanto, está de parte de la Fiscalía y, también, de las víctimas de ETA, que ven como un insulto esta operación de lavado de imagen con la que se intenta transformar a un terrorista multirreincidente en la gran esperanza de la pacificación en el País Vasco, con el efecto de reconstruir la historia de ETA como la de un conflicto inevitable con el Estado español. No es posible –moral, legal, ni políticamente– aceptar esta perversión del significado real de ETA y de sujetos como Arnaldo Otegui, menos aún dejando en papel mojado una sentencia firme de condena, dictada con todas las garantías por la Audiencia Nacional, ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal Constitucional, ante el que acabará nuevamente este asunto.
El terrorismo etarra sigue teniendo cuentas pendientes con la sociedad española. Otegui tiene las suyas todavía, que debe saldar a través del cumplimiento de su inhabilitación. No debe ser tan difícil entender que un terrorista no puede ser candidato –por tiempo limitado– en la democracia que quiso destruir. Que ETA haya dejado de matar no es un favor que la organización terrorista deba ahora compensar con el olvido de sus crímenes o con indultos encubiertos a sus criminales. Permitir a Otegui que sea candidato equivaldría a un indulto parcial de su condena. Por eso, la Junta Electoral de Guipúzcoa no tiene más que aplicar el párrafo de la sentencia firme de la Audiencia Nacional que inhabilita a Otegui para cualquier empleo o cargo público hasta 2021, sin entrar en consideraciones sobre los argumentos de oportunidad política o revisionismo histórico que maneja el entramado de apoyo al dirigente batasuno. Tras la petición de Otegui de poder ser candidato no hay un bienintencionado planteamiento jurídico, sino una estrategia política de revertir la derrota policial de ETA para abrir una nueva fase en la historia de esta organización terrorista, consistente en su consolidación como agente político del País Vasco, sin desarme, sin disolución, sin petición de perdón, sin esclarecimiento de cientos de atentados. La candidatura de Otegui es el disfraz que envuelve esta gran estafa que se pretende cometer con las víctimas del terrorismo y con el Estado de Derecho.