ABC 08/09/16
EDITORIAL
· Es irreversible la obligación de actuar penalmente contra la presidenta del Parlamento catalán. No hay por qué soportar más desplantes ni actos de desprecio a la ley
LA Generalitat y la mayoría independentista del Parlamento catalán volverán a manipular la historia este fin de semana para presentar la Diada como un masivo grito secesionista contra la «represión» de España. Un año más, la irracionalidad política y la irresponsabilidad institucional serán las señas de identidad de un homenaje transformado desde hace tiempo en un acto ofensivo y despreciativo hacia el resto de España en lugar de lo que debería ser, un homenaje cívico y emocionalmente constructivo para todos los catalanes. La Diada volverá a primar el enfrentamiento frente a la concordia. Por eso era evidente que el Parlament iba a aprobar la tramitación de la Agencia Tributaria de Cataluña, o que abriría nuevas «embajadas» en el exterior. Más leña al fuego de la «desconexión».
Es evidente que Carles Puigdemont está aprovechando la caótica parálisis política que impide a España la formación de un Gobierno para endurecer su chantaje al Estado. Y desde esta perspectiva, la mera anulación de decisiones de la Generalitat o del Parlament no son suficientes. No tienen el efecto disuasorio necesario para paliar el desafío. Muy al contrario, a cada sentencia del Tribunal Constitucional derogatoria de resoluciones rupturistas siguen una réplica envalentonada de rebeldía e insumisión y nuevas provocaciones para alcanzar esa «desconexión». La vía penal ha de dejar de ser una simple advertencia de la Fiscalía o un compromiso retórico desde la presidencia del Tribunal Supremo. Hoy parece irreversible la obligación de actuar penalmente contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y contra todos aquellos miembros de su Mesa que permiten a los diputados votar iniciativas para mofarse del Estado. Ya no es tiempo de soportar más desplantes, actos de chulería política y desprecio a la ley. Sería demoledor que triunfara siquiera la mera percepción de que el Estado no recurre con contundencia a todos sus instrumentos jurídicos y legales, o la sensación de que el independentismo catalán va ganando la batalla al resto de España. Conviene no alentar una sensación de atonía frente a una agresión a la Constitución como la que pretende imponer el separatismo catalán. Y menos aún ahora que Puigdemont ha pactado con la CUP un referéndum independentista para no dejar caer su Gobierno y provocar elecciones. No puede darse la impresión de que el separatismo forma parte del paisaje y normalizarlo. Si, como dice la fiscal general del Estado, no hay legitimidad fuera de la Constitución y el chantaje nacionalista es un «desprecio al ordenamiento», le está faltando tiempo para la presentación de una querella contra quienes están desobedeciendo a tribunales legítimos, contra quienes prevarican con la paciencia de todos los españoles y contra quienes malversan el patrimonio histórico, cultural, económico e institucional de todos los catalanes.