Acabarán diciendo –ya han empezado a hacerlo– que nada sucedió. Que no hubo desfalco, ni engaño alguno, ni subvenciones ilícitas; como mucho, alguna irregularidad de menor cuantía, pequeñas omisiones en los procedimientos de rutina. Que todo fue un bulo de la máquina del fango y los jueces ultraderechistas. Que los billetes para asar una vaca eran el fruto de ayudas legítimas propias de la redistribución social de un Gobierno progresista. Que el ‘fondo de reptiles’ era una metáfora imaginativa. Que las diecinueve advertencias del interventor, todas desoídas, respondían a un exceso de celo en la tutela administrativa. Que los diez años de fraude sentenciado por la justicia no fueron más que una ensoñación, como la del ‘procès’ separatista, aunque gracias al Constitucional no ha hecho falta ninguna amnistía para salir de la pesadilla porque la nueva doctrina establece que la política no delinque, ni malversa, ni prevarica.

Fueron 680 millones. Repartidos sin publicidad, ni concurso, ni garantías, ni controles. Un alto cargo, ya fallecido, llegó a decir que adjudicaba los fondos con cargo a la partida «Pormisco»: por sus santos cojones. Figura en la declaración de un testigo. El tipo podía hacerlo –a veces en un simple ‘post-it’, uno de esos papelitos adhesivos– porque la partida específica, la famosa 31L, estaba al margen de cualquier supervisión, creada y surtida desde la Junta ejercicio tras ejercicio para permitir su uso discrecional, arbitrario, potestativo. Tramas de comisionistas e intermediarios iban por las empresas ofreciendo ERE, incentivando despidos con recursos destinados en teoría a solucionar conflictos y en realidad dedicados a fomentar el clientelismo. Los sindicatos hacían de facilitadores y recibían su parte del beneficio. El partido hegemónico sembraba el tejido laboral de favores y obtenía dividendos políticos. Negocio para todos, un lucro fácil, rápido, limpio. ¿Delito? ¿Qué delito?

Sí, caerán algunos intrusos, tal vez algún consejero de Empleo cuyo letrado ha estado poco despierto en el proceso. Chivos expiatorios para demostrar la tesis de los «cuatro golfos» y salvar la apariencia del Estado de derecho. Y quedará la jurisprudencia absolutoria de toda decisión de gobierno aprobada por un Parlamento. Pero nadie explicará la razón de que antes y después de los diez Presupuestos bajo sospecha el mecanismo subvencional funcionase de modo correcto. No fue una confusión, ni un solecismo burocrático, ni un descuido, ni un error técnico; se trataba de un proyecto estratégico, de un sistema viciado, de un método deliberadamente opaco y por tanto fraudulento: un caudal público gigantesco a disposición facultativa del poder para apagar fuegos, dosificar privilegios y obtener los correspondientes réditos. Se llama corrupción: recordadlo cuando os digan que se trató de un mal sueño. Y el dinero no ha sido devuelto.