Las elecciones de hoy tendrían un resultado muy distinto –sea el que fuere– si el Gobierno hubiese cumplido la directiva del Consejo de la UE que obliga a los miembros a fijar unos umbrales de representación para tener derecho a ocupar un escaño en el Parlamento Europeo. Esa Decisión 2018/994 fue promulgada un mes largo después de que triunfase la moción de censura de Pedro Sánchez y España es hoy el único país de los afectados –los cinco más grandes– que falta por llevarla adelante. La razón es simple: la aplicación de un rasero mínimo de porcentajes dejaría sin eurodiputados a la práctica totalidad de los socios gubernamentales, o al menos, en su rango más bajo, les crearía muchas dificultades.

La reforma fue promovida por Merkel para cerrar el paso a los partidos extremistas y a las plataformas de oportunistas y espontáneos, casi siempre antisistema, que suelen aprovechar la circunscripción única y la baja participación para llegar sin demasiados problemas hasta la Cámara de Bruselas. La barrera establecida es flexible: entre el 2 y el 5 por ciento. En Francia y Polonia está vigente desde hace tiempo el segundo listón mientras que Alemania optó por el primero. Italia, el otro Estado afectado junto al nuestro, tiene un modelo intermedio de distritos regionales con un 4 por ciento cada uno de ellos. Sólo los españoles estamos al margen, con un límite inexistente que ni siquiera rige en los procesos electorales internos. Y las posibilidades de que la situación cambie se aproximan a cero.

Porque el asunto afecta de lleno a los partidos nacionalistas y a su papel arbitral en la escena política. Lo de arbitral es una forma de hablar más bien eufemística: en la práctica se han convertido en una fuerza desequilibrante de influencia decisiva. Y como la trasposición del precepto comunitario corresponde al Congreso podemos seguir esperando: el Ejecutivo jamás aplicará una normativa que perjudique a sus aliados –de hecho, el PNV se aseguró de obtener al respecto garantías escritas en su pacto– ni mucho menos buscará para ello el consenso con su principal adversario. Europa tampoco pone mucho énfasis en reclamar el cumplimiento de su propio mandato por no armar lío con los derechos de las ‘nacionalidades sin Estado’.

Así que hoy votaremos como les gusta a los más puristas, sin cláusulas de salvaguarda contra la fragmentación y las aventuras disruptivas. Bajo la regla de proporcionalidad lineal, directa y estricta. La misma que los separatistas rechazan en las elecciones generales porque les perjudica. Ley del embudo, pues; de puertas para afuera, democracia sin correctores, escrupulosidad distributiva y a quien las urnas se la den, doña Úrsula se la bendiga. Pero de puertas para adentro, primas ventajistas y discriminación específica para imponer al resto de los ciudadanos un verdadero poder hegemónico de las minorías.