EL ANUNCIO del desarme de ETA a plazo fijo y de manera unilateral ha producido algunos hechos curiosos. Un tal Etcheverry, vocacional intermediario, declaraba ayer en El Correo algo sorprendente: «La armas ya no están en manos de ETA, las tenemos nosotros». Lo chocante es que la Fiscalía no haya actuado aún, que uno sepa, contra un tipo que reivindica el delito de tenencia, tráfico y depósito de armas, tipificado entre los artículos 563 y 570 del Código Penal.
La cosa tuvo precedentes. En 2013, los terroristas quisieron hacer un paripé sobre el desarme y convocaron a dos de los verificadores designados por el Gobierno vasco. Un tal Manikkalingam y otro fueron citados por carta anónima, se reunieron con encapuchados a quienes no habrían podido identificar y fueron llevados a una casa cuyo emplazamiento desconocían. Allí les enseñaron unas pocas armas: dos revólveres, una pistola, un subfusil, unos metros de cordón, ocho temporizadores y dos granadas, que no les dejaron tocar, qué menos para comprobar si están inutilizadas; luego dijeron: hala, a guardar, las metieron en una caja de cartón que sellaron con cinta de embalar y se llevaron. El autodenominado Foro Social, que pide la destrucción de las armas, reclamaba a Manikkalingam como verificador, dada su experiencia, pero desde que lo llamaron a declarar en la Audiencia Nacional por aquel asunto no ha vuelto a pisar España. Ni lo hará.
La entrega de las armas es asunto menor, frente a la cuestión capital, la disolución de su banda. Si la democracia se hubiera conformado con menos, ETA no estaría dispuesta a entregar lo más, su propia existencia.
El País editorializaba el viernes con una doble petición. Como EH Bildu y Brian Currin en su día, exigían al Gobierno español que no estorbase. También pedía protagonismo para el lehendakari Urkullu en el proceso. ¿Cómo podría impedir su desarme el Gobierno? Es importante que entreguen las armas. No inutilizadas, ojo, sino en un estado que permita investigar los crímenes sin resolver, pero eso nadie podría impedírselo. Pueden entregarlas al cura de sus pueblos bajo secreto de confesión, al arzobispo de Milán como los de Primera Línea o enviar al lehendakari un croquis con el emplazamiento de los zulos. En última instancia, marcar el 902 500 002. Es el Teléfono de la Esperanza.
No acabo de ver al lehendakari como líder del proceso. Tuvimos que asistir a muchos asesinatos para que el Gobierno vasco y el PNV aceptaran la idea de que a ETA había que combatirla policialmente. Fue después de que mataran al superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha, con una bomba lapa el 5 de marzo de 1985. Él hacía la víctima número 470 del terrorismo etarra y hoy es uno de los asesinatos que no han podido ser esclarecidos policialmente. Puede que el asesinato del jefe de la Policía autonómica moviera algo en estos gobernantes. Es un mal negocio para un cuerpo de seguridad la impunidad de los asesinos de su jefe, se lo decía aproximadamente Bogart a Mary Astor al final de El halcón maltés. Puede que les moviera el PSE, su socio en el pacto del legislatura desde dos meses antes.
Florencio Domínguez y Paco Llera presentaron el jueves un informe sobre la espiral de silencio generada por ETA en el País Vasco. Una de sus conclusiones apunta que el miedo perjudicó electoralmente al PP y al PSE. Por otra parte, es bastante comprensible que un partido que supo sacar ventaja política de los crímenes que cometían otros contra sus adversarios, haya sabido sacarla de la paz. Con más motivo incluso.