EL MUNDO 03/01/14
JOSEBA ARREGI
· El autor analiza el discurso de los presos y defensores de ETA, que en ningún momento cuenta con el Estado
· Avisa de que la táctica de los etarras es mantener a todos ocupados para esconder su proyecto antidemocrático
Uno creía en su inagotable ingenuidad, que el tiempo tras el cese de las acciones violentas de ETA sería el tiempo del debate pendiente en la sociedad vasca y en el conjunto de la sociedad española en torno a las condiciones en las que es posible la democracia, el debate en torno al problema que los nacionalismos, todos, suponen para la democracia, para dejar atrás definitivamente las secuelas del franquismo y construir un futuro en libertad. Pero me equivoqué: nadie ha tenido interés en abrir ese debate. Algo comprensible en los nacionalistas, de todo color. Algo nada comprensible en los muchos ciudadanos que uno cree que existen en Euskadi, en España.
Y seguimos en el debate que le ha interesado sobre todo a la izquierda nacionalista radical, pero también al conjunto del nacionalismo vasco, y a no pocos biempensantes españoles, el debate sobre los presos de ETA, sobre lo que es necesario hacer para conseguir la disolución de ETA, es decir: lo que los demás, los que no somos ETA, debemos hacer para que tengan a bien disolverse.
Y en este contexto llega el mensaje del EPPK, el colectivo de presos de ETA, llega este mensaje para mantener vivo el debate donde les interesa, a ellos y a todos los nacionalistas interesados en evitar el otro debate. Llega el mensaje de este colectivo acompañado de los adjetivos al uso: paso histórico, primera vez, acontecimiento histórico, novedad. Parece que los presos de ETA dan un paso gigante, eso sí, para que el que en realidad debe dar los pasos, el gobierno central, lo haga.
Como con casi todos estos mensajes, la duda reside en si lo que hay que subrayar y rescatar del mensaje es lo que se denomina novedoso, gran paso, nuevo comienzo y demás calificativos al uso, o si más bien hay que poner la mirada en toda la retórica con la que van acompañados esos pasos. La duda sólo puede resolverse tomando el conjunto del manifiesto y no dejando fuera de la valoración ni la más pequeña e insignificante coma, contra la tentación de tomar sólo las guindas y olvidarse de la bazofia que lo rodea, porque para los redactores del manifiesto todas las palabras tienen sentido y no dudarán nunca en volver a cada una de ellas en el momento requerido y propicio.
El manifiesto comienza con mal pie: entienden los presos de ETA que deben tomar en consideración algunas recomendaciones hechas por el Foro Social de Euskal Herria «ante el bloqueo del proceso de resolución». En primer lugar: ¿quiénes son el Foro Social de Euskal Herria? ¿A quiénes representan? ¿Qué papel juegan en toda esta historia? ¿Qué legitimidad tienen, quién se la ha dado? Parece ser un ente puesto en marcha por Lokarri, que proviene de Elkarri, que proviene de la lucha contra la autovía de Leizarán, que proviene de… Pero los presos no hablan de las instituciones democráticas, no hablan del Parlamento vasco, del Parlamento español, del Gobierno central, porque no los reconocen. Parten de un Foro creado por la izquierda nacionalista radical para usarlo a su antojo en la estrategia que tienen diseñada.
¿Qué dicen? «La represión carcelaria es extrema…Somos rehenes del Estado español y francés. Se sirven de leyes y medidas de excepción para negar los derechos y beneficios penitenciarios…». También hablan de «facilitar la superación de las situaciones de excepción que sufrimos en las cárceles». Palabras y frases que deben servir para entender la apuesta que muchos comentaristas han leído en el manifiesto por la aceptación de la ley: es una aceptación instrumental, para abrir el camino tras el fracaso de la política mantenida hasta ahora, una aceptación al servicio del proyecto político de siempre. No es una aceptación que implica la interiorización de que fuera del Estado de Derecho no hay democracia posible.
Los presos del EPPK siguen sin asumir lo que significa Estado de Derecho, no lo entienden, no lo quieren entender. De otra manera no se referirían a sí mismos como rehenes de dos estados, no hablarían de situaciones de excepción, de represión carcelaria.
Con el agua al cuello, entran por el camino que el Estado de Derecho prevé para los terroristas condenados. Eso es todo. No hay nada más que no se conociera. La referencia al reconocimiento del daño causado es también instrumental, está envuelto en globalizaciones inaceptables, porque hablan de «sufrimiento y daño multilateral», exigen que «no se ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política». Si los presos de ETA, asesinos de ciudadanos vascos y de otras regiones, españoles todos, se consideran políticamente dignos habiendo matado en el camino de la imposición de su proyecto político, ¿qué es lo que reconocen? Nada. Y menos si anuncian que en el nuevo escenario utilizarán sólo «vías y métodos democráticos», pero no dicen nada de asumir los principios del Estado de Derecho, de la importancia del Derecho para limitar las confesiones, las identidades, los sentimientos de pertenencia para poder formar el espacio público de la democracia.
Es importante la contraposición en el lenguaje que utilizan entre su apuesta por las ideas de siempre, lo que llaman la libertad de Euskal Herria, –lo que describen con las siguientes palabras: «La normalización política se debe basar en la posibilidad de desarrollar y llevar a cabo democráticamente todos los proyectos políticos. Debemos evitar cualquier salida parcial o falsa para impedir que el conflicto se perpetúe y no defraudar ni al pueblo ni a la ciudadanía»–, y la comprensión de la violencia terrorista como método que se puede dejar de lado para utilizar otro método, la legalidad democrática. En un caso son principios a los que no se puede renunciar, en el otro métodos que se pueden cambiar según los escenarios y las circunstancias.
ES LA TÁCTICA que les ha dado siempre excelentes resultados: mantener a los demás ocupados en sus pasos, en la interpretación de sus palabras, ocupados con el método, mantenerlos ocupados en ver lo que ellos quieren que vean, pero impedir el debate de verdad: que su proyecto político es intrínsecamente totalitario, antidemocrático, contrario a la libertad de los diferentes en la sociedad vasca, que su proyecto político niega la libertad del diferente, el pluralismo estructural de la sociedad vasca, que es un proyecto político que no se puede llevar a cabo por medios legales y democráticos porque supone una contradicción en sus propios términos, –materializar un proyecto antidemocrático por medios democráticos–.
Pretenden impedir el debate sobre lo que realmente importa: que la violencia terrorista no es, no ha sido un método al servicio de una idea, sino elemento nuclear de la idea, manifestación de la idea misma totalitaria. Y pretenden impedir el debate, empeño en el que tienen demasiados acompañantes, que permitiría constatar que en cada uno de los asesinados de ETA está escrita literalmente a sangre y fuego la imposibilidad política y democrática de su proyecto político.
ETA anunció hace algún tiempo el cese de sus acciones terroristas, aunque no su disolución. Hizo depender ésta de ofrecer una salida fuera de la ley a sus presos, a los que había abandonado totalmente. En esto también ha fracasado. Pero ETA y los presos siguen empeñados en obligarnos a los demás a debatir sobre lo que a ellos les interesa, sobre los presos y su futuro, sobre las condiciones para la disolución de ETA. Todo depende de ellos, todo gira en torno a ellos. Y nosotros dócilmente seguimos sus dictados y somos incapaces de imponer el debate que interesa a la democracia, al Estado de Derecho y a la libertad, la compatibilidad, mejor: la incompatibilidad del proyecto político nacionalista radical con la democracia. Y gracias a esta incapacidad y a su habilidad de imponer los términos del debate, siguen debilitando al Estado de Derecho, siguen ejerciendo su política antisistema.
El derecho de reinserción de los presos de ETA se ha establecido como dogma, pero se olvida la pregunta pertinente: ¿dónde, en qué se deben reinsertar los presos de ETA? ¿Qué es lo que han roto, qué han abandonado, qué han quebrado? La respuesta es sencilla: no son sus pueblos natales ni su familia, no es la sociedad in genere. Es el Estado de Derecho, ese lazo de unión frágil que es la convivencia en libertad. Pero es precisamente en eso en lo que no se quieren reinsertar, pues siguen proclamando su adhesión a un proyecto que niega precisamente esa convivencia, e incluso hasta su mera posibilidad.
Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.