Solo en el primer semestre del año, se okuparon en Cataluña 3.611 viviendas, 421 más que en todo 2019, con Barcelona como principal foco del fenómeno. El número es el triple que el de Andalucía y seis veces mayor que el de la Comunidad de Madrid, por poner dos ejemplos. A pesar de los precedentes, el Ejecutivo pretende replicar el modelo catalán en el resto del país.

El Consejo de Ministros de este martes aprobará el decreto para la paralización de los desahucios hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del segundo estado de alarma. La nueva norma amplía los supuestos para evitar los lanzamientos, al desligar las condiciones de vulnerabilidad de las personas objeto de desahucio de las consecuencias directas de la pandemia. En román paladino: barra libre para la okupación.

La nueva normativa funcionará como flauta de Hamelín para todos aquellos que pretenden habitar ilegalmente una vivienda

El quid de la cuestión no es ignorar los dramas humanos derivados de la crisis económica por efecto del covid-19, las pérdidas de empleo y las colas del hambre que sacuden los telediarios, a los que lógicamente hay que dar una salida; sino aprovecharse precisamente de esa tesitura para implementar esa hoja de ruta intervencionista y nada respetuosa con la propiedad privada de la que hace gala Unidas Podemos. Una política de hechos consumados que dista de ser temporal. Más bien al contrario: está aquí para quedarse.

La consecuencia de todo ello será el efecto llamada. Igual que en Barcelona. La nueva normativa funcionará como flauta de Hamelín para todos aquellos que pretenden habitar ilegalmente una vivienda, con independencia de cuál sea su situación, cuenten con un título habilitante, esto es, tengan un contrato de alquiler pero no puedan pagarlo por insolvencia a causa del coronavirus, o hagan de la okupación su particular modo de vida.

En España, se okupan ilegalmente alrededor de 150 viviendas al día. Se calcula que con el decreto y el consiguiente efecto llamada, esta cifra aumentará entre 30 y 40 casos diarios. El Institut Cerdà elaboró en 2017 un estudio en el que se estimaba que había 87.000 familias okupando viviendas. Ahora estamos en torno a las 100.000. Con la nueva normativa, la tendencia, malician los expertos, se multiplicará exponencialmente.

Pablo Iglesias ha ganado todas las batallas que ha entablado con sus compañeros del Consejo de Ministros. Lo hizo con los Presupuestos, con su política de pactos con Bildu y ERC, con el escudo social y la distribución de los fondos europeos, entre otros. De todos estos conflictos, siempre ha salido victorioso Iglesias, en perjuicio del ministro del ramo afectado.

También ha ocurrido así con el decreto de los desahucios. Tras la negativa de Nadia Calviño a sacarlo adelante, Iglesias se lo llevó a una enmienda con ERC y Bildu para presionar al presidente del Gobierno. Sánchez le dio la razón y lo devolvió al Consejo de Ministros para llevarlo al decreto que antes la vicepresidenta económica no aceptaba.

En lo que sí ha tenido que ceder Iglesias frente a la facción ortodoxa del Ejecutivo es en la introducción de compensaciones económicas a los propietarios para evitar demandas por daño patrimonial, siempre que se demuestre el perjuicio económico y si el realojo no se produce dentro de un plazo de tres meses.

Los grandes inversores no pasan por el aro y llevarán España a los tribunales por daños, perjuicios y falta de seguridad jurídica

Aun así, los grandes fondos —o ‘fondos buitre’ en el argot podemita, denominados así bajo la acusación inflacionaria de ser responsables de la crisis económica, la burbuja de precios, la escasez de oferta y quién sabe de qué otras plagas más— ya han advertido de que no pasan por el aro y llevarán la medida a los tribunales, en el enésimo frente que se le abre a España por culpa de una seguridad jurídica que, ‘mutatis mutandis’, está en proceso de derribo.

«No está claro si la compensación se aplica desde la suspensión del desahucio o tres meses después, una vez la comunidad autónoma diga que no tiene posibilidad de realojo. En este último caso, el decreto es una broma, porque el estado de alarma finaliza en mayo, es decir, en cinco meses. Entre que los servicios sociales hagan el informe más los tres de meses de las CCAA, al final nos queda la compensación de un mes. Es ridículo», comentan en un banco.

Según el real decreto, no se podrá desahuciar a ninguna persona vulnerable si las administraciones no han podido ofrecer antes una vivienda digna para el realojamiento, por lo que quedan excluidos los albergues y centros de acogida. La condición de vulnerabilidad se establecerá con base en un informe elaborado por los servicios sociales de las CCAA.

Los inversores inmobiliarios auguran un aluvión de reclamaciones judiciales. Dependiendo del caso, irán por lo contencioso administrativo, al Supremo o incluso al Constitucional.

Todavía tenemos reciente la tragedia en la nave de Badalona, en la que fallecieron tres personas. La fábrica fue abandonada hace 15 años y desde entonces ha venido utilizándose como infravivienda. Los propietarios jamás denunciaron ante los juzgados.

El caso de Badalona refleja como ningún otro las miserias del fenómeno de la okupación, tanto de los que viven en la marginalidad en busca de un Dorado que nunca llega, caso de los migrantes africanos, como de unos propietarios que no llevaron el caso a los tribunales por razones humanitarias y que ahora tendrán que responder ante el juez por el mal estado de sus instalaciones a la hora de dilucidar responsabilidades. Un drama que no ha hecho más que comenzar.