Los socios del PSOE reclamaban a Pedro Sánchez que pasara «de las palabras al BOE». Tal demanda podría dar a entender que el Gobierno socialista no ha utilizado el Boletín Oficial del Estado para respaldar sus pactos con los nacionalistas o dar carta legal a sus agendas partidistas. Ahí están, para el recuerdo, las leyes de la anterior legislatura del ‘solo sí es sí’, la de supresión del delito de sedición, la modificación de la malversación o la mutilación de competencias del Consejo General del Poder Judicial. Y también, por supuesto, los innumerables reales decretos-leyes con los que el PSOE ha subvertido el reparto constitucional de funciones entre el poder ejecutivo y el legislativo.

Lejos de moderarse en el abuso de la trampa para legislar, el PSOE se ha esmerado con dos nuevo ejemplos. Por un lado, ha despojado al Senado de su veto al techo de gasto público pretendido por el Gobierno. Esta expropiación de competencias no se ha hecho mediante reforma específica de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino mediante una enmienda intrusa incrustada en el proyecto de la llamada ley de paridad. Aparte de exhibir un fraude a la Constitución con esta forma de legislar, el Ejecutivo y sus socios se jactan de arrasar con lo poco que queda del juego de equilibrios y contrapesos.

Por otro lado, Sánchez ha cumplido su pacto con los nacionalistas de Junts y ha eliminado una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil que, desde marzo pasado, regulaba el ‘efecto dominó’ de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El precepto –el artículo 43 bis– ha sido suprimido mediante un real decreto-ley de medidas anticrisis, otra trampa a la Constitución. Se limitaba a regular lo que hacían y seguirán haciendo los tribunales españoles: suspender aquellos procesos que puedan verse afectados por una misma cuestión prejudicial planteada ante el TJUE. La peregrina idea de los nacionalistas es que ese artículo 43 bis iba a expandir los efectos de una prejudicialidad europea sobre la amnistía planteada por el Tribunal Supremo. La mala noticia para ellos es que, sin dicho precepto, también podrá seguir pasando lo mismo. Lo importante para el Gobierno y su socio nacionalista es hacerse trampas en el solitario. No han aprendido nada de la ley del ‘solo sí es sí’, ni de la fallida rebaja de la malversación. El PSOE solo demuestra debilidad y un uso arbitrario del argumento europeo, porque, según el ministro Bolaños, la reforma de 2023 de la ley de Enjuiciamiento Civil era una exigencia de la Comisión Europea, como las modificaciones de la sedición y de la malversación. Ha quedado claro que la invocación de la Unión Europea era una farsa.

Además, si la Sala Segunda del Tribunal Supremo inaplica a los condenados del 1-O la amnistía por el delito de malversación, sin acudir a la cuestión prejudicial europea, esta enésima cesión a los nacionalistas será papel mojado, y no evitará que, en cualquier momento posterior, el Alto Tribunal plantee esa cuestión prejudicial.

El problema para el Estado constitucional es la impunidad con la que se saldan estas vías de hecho a las que acude el Gobierno socialista para usar la ley, el Parlamento y el BOE a su conveniencia. Cualquier impugnación ante el Tribunal Constitucional está condenada a un lento proceso de decisión, salvo que al Gobierno de Pedro Sánchez le interese otra cosa.