Otro otoño caliente en Cataluña

Superado el armisticio político por el 17-A, no sin tensión, Cataluña encara ahora un curso político cubierto de incertidumbres. A diferencia de 2017, cuando el calendario giraba en torno al referéndum del 1-O, este otoño carece de fechas históricas a la vista. A la espera de saber cómo Quim Torra –bajo la tutela de Carles Puigdemont– mantiene vivo el procés, los próximos meses marcarán el destino de la política catalana.

Las movilizaciones, la relación con el Gobierno y la división del independentismo serán los episodios clave. También eventuales enfrentamientos por quienes llenan Cataluña de lazos amarillos y los grupos, espoleados por Ciudadanos, que se organizan para retirarlos. Pero serán los juicios a los políticos soberanistas los que marquen un punto de inflexión en la política catalana y la española.

En septiembre, el Tribunal Supremo (TS) decidirá sobre las recusaciones presentadas por los acusados contra cinco jueces. Una vez formada la sala, las vistas por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia se prevén para noviembre. Si las penas de cárcel son altas, la política catalana estallará con unos efectos aún difíciles de determinar. Hasta entonces, Cataluña aún debe avanzar entre un mar de dudas.

La periodista Pilar Rahola, portavoz oficiosa del soberanismo, lanzó este fin de semana un augurio tras visitar a Puigdemont en Bélgica: «Este Govern será el que cree el momento de una segunda república para Cataluña. Va en serio». No es la primera vez que prometen la independencia, y con parte del soberanismo aún frustrado por la proclamación de atrezzo tras el 1-O, los nuevos agüeros pueden no ser suficientes para reactivar la euforia del referéndum. El president intentará solventar esa falta de motivación a partir del mes que viene.

La primera semana de septiembre Torra pronunciará una conferencia política que marcará el resto de la legislatura en Cataluña. Por primera vez desde que fue investido en mayo, explicará públicamente cuáles son sus planes más allá de ser «president custodio», como él se define. De la conferencia debería salir la nueva hoja de ruta del independentismo.

Nada se sabe todavía de su contenido y las explicaciones que ha dado sólo concretan el objetivo de hacer efectiva la República, pero no cómo. Sí ha revelado que confía en la presión de la calle para sostener su proyecto: «Dejaré muy clara la importancia de la movilización de la calle».

La primera prueba para la capacidad de convocatoria de la nueva fase del procés será el 11 de septiembre en la Diada, que desde 2012 es el escenario de las demostraciones de fuerza del independentismo. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium aspiran este año a llenar la avenida Diagonal de Barcelona con una nueva performance: una concentración silenciosa que acabe con un grito conjunto. Pero varias incertidumbres pesan sobre la marcha. La primera, si el recuerdo del 1-O y el encarcelamiento de los ex miembros del Govern y los líderes de ANC y Òmnium espolearán una Diada masiva. También sobrevuela el temor a la desmovilización de las bases después de que, pese a las promesas, la República es inexistente.

En septiembre también está prevista una segunda reunión entre Torra y Pedro Sánchez. Un nuevo test para valorar hasta dónde ha avanzado el deshielo en las relaciones entre ambos ejecutivos tras la llegada del PSOE a La Moncloa. En un gesto estudiado, en esta ocasión será Sánchez quien viaje a Barcelona para ser recibido por el president.

Los gestos, sin embargo, por ahora se han quedado en eso. La comisión bilateral de inicios de agosto no sirvió para llegar a ningún acuerdo. El Gobierno rechazó las condiciones del Govern, el referéndum y aflojar la presión de la Fiscalía sobre los presos. Ambos ejecutivos, no obstante, no han abandonado la senda del diálogo. El catalán, en ese aspecto, actúa con un doble discurso. Mientras el entorno de Torra esgrime condiciones inalcanzables, el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) aboga por acercar posturas, sobre todo en materia financiera.

Tres semanas después de la Diada y tras la reunión entre Sánchez y Torra, el independentismo tendrá una segunda oportunidad de mostrar músculo. La conmemoración del 1-O aspira a ser este año la cita histórica que Torra busca para dar oxígeno al procés. Las imágenes de las cargas policiales y el hecho de que los políticos que organizaron el referéndum estén en prisión en espera de juicio o huidos en el extranjero pueden dar alas a las movilizaciones que se convoquen. Por el momento no existe ninguna cita oficial, pero el Govern no está dispuesto a desperdiciar el capital político que desprende la jornada.

El espíritu del 1-O también servirá de combustible para que Puigdemont ponga en marcha ese mes su nuevo artefacto político, la Crida Nacional por la República, bajo la que ambiciona fagocitar a todo el soberanismo y crear una suerte de partido único. Tras someter el pasado julio al PDeCAT y acabar con quienes dudaban de sus planes, Puigdemont quiere absorber ahora a ERC, su única amenaza electoral y cuyo trabajo consistirá en evitar convertirse en satélites del ex president.

Los republicanos, con Oriol Junqueras en prisión, han optado por una estrategia de abandono de la vía unilateral que condujo al 1-O. Un plan cuyos resultados sólo se conocerán cuando haya nuevas elecciones. Desde la cárcel, Junqueras encomienda a los suyos no cometer errores pasados. Bajo ese prisma, las proclamas a favor de la independencia conviven en ERC con el intento de avanzar en acuerdos con el Gobierno del PSOE para poder gobernar la Generalitat con normalidad.

El rechazo de la vía unilateral ya ha tenido un coste para ERC. Los Comités de Defensa de la República (CDR) les acusan de traidores por no trabajar sólo por la República. La sede del partido sufrió un intento de ocupación a inicios de agosto y les dejaron un mensaje en la pared: «Desobedeced [al Estado] o dimitid».

La división en el independentismo no se limita al choque entre Puigdemont y ERC. La CUP, alineada con los CDR, no esconde su rechazo a lo que considera una traición del Govern de Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC, reticente a dar pasos reales hacia la independencia. Los anticapitalistas, además, pueden dar el golpe de gracia a la legislatura en los próximos meses si, como han advertido, no apoyan los Presupuestos para 2019 por «autonomistas». En la CUP todavía escuece, además, haberse sentido engañados por Puigdemont, quien condicionó la celebración del 1-O a la aprobación de sus cuentas. «Ciertamente era mentira», ha admitido ahora la diputada Natàlia Sànchez.

Sin la CUP –sus cuatro diputados garantizan la mayoría soberanista en el Parlament–, Torra se vería obligado a buscar el apoyo de otros grupos como PSC o los comunes. Una alternativa sólo viable si el president hace todo lo contrario de lo que predica: abandonar el unilateralismo y gobernar sin considerarse presidente de una República independiente. Ante los obstáculos que se le presentan, Torra ya ha abierto la puerta a elecciones: «Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados».