En 2013, el Gobierno del Partido Popular aprobó una reforma del sistema de pensiones que garantizaba su sostenibilidad en el largo plazo. No es que el Ejecutivo de Rajoy fuera un gabinete inusualmente brillante que descubriera una solución mágica a la que gobiernos anteriores no hubiesen tenido acceso: no, es que se limitó a trasponer —con algunas modificaciones que empeoraron la reforma— las recomendaciones que acababa de efectuar el comité de expertos sobre el sistema de pensiones (algo que, ciertamente, gobiernos anteriores no habían tenido el arrojo de hacer).

¿Y cómo se garantizaba la sostenibilidad de la Seguridad Social merced a la reforma de 2013? En esencia, a través del llamado indice de revalorización de las pensiones (IRP): la explicitación de que existe una restricción presupuestaria que necesariamente ha de ser respetada. Así las cosas, mientras la Seguridad Social se mantuviera en déficit, la revalorización de las pensiones quedaba limitada por ley al 0,25% al año, con la esperanza de que esa congelación ‘de facto’ de las rentas de los pensionistas contuviera lo suficiente el crecimiento de los gastos del sistema como para terminar equiparándolos a los ingresos. Nótese realmente lo que implicaba —y no implicaba— el IRP: que, mientras hubiese déficit, no se revalorizaran las pensiones y, por tanto, que si nuestros gobernantes deseaban genuinamente revalorizar las pensiones, previamente tenían que incrementar los ingresos de la Seguridad Social hasta que desapareciera el déficit.

El IRP solo era, pues, una exigencia de responsabilidad financiera: “Señor político, corrija los desequilibrios del sistema antes de continuar incrementándolos”. Pero nuestros gobernantes adoran la irresponsabilidad financiera: gastar sin necesidad de ingresar, por cuanto aumentar el gasto proporciona votos y, en cambio, incrementar los ingresos por la vía de elevar la fiscalidad tiende a restarlos. Por eso, PSOE primero y Podemos después emprendieron una demagoga campaña contra el IRP —prometiendo eliminarlo para reindexar las pensiones al IPC, pero sin explicar cómo cubrirían el agujero de la Seguridad Social— y, finalmente, el PP (de la mano del PNV) optó por saltarse en los Presupuestos de 2018 la sensata regla que ellos mismos habían aprobado.

Actualmente, ya nadie defiende el IRP porque se ha conseguido instalar en el imaginario colectivo que desindexar las pensiones del IPC es antisocial cuando, en realidad, lo verdaderamente antisocial es volver a indexarlas sin ninguna fuente de financiación asociada para remediar el déficit crónico de la Seguridad Social.

Y eso es, en esencia, lo que acaba de aprobar el Pacto de Toledo con el concurso de prácticamente todos los partidos, incluido el Partido Popular (padre de la reforma de 2013 que, al parecer, ahora carece de valentía para defender). Por un lado, las pensiones han vuelto a vincularse al IPC y, por otro, se han lanzado una serie de propuestas genéricas que ni mucho menos garantizan la viabilidad de la Seguridad Social en el largo plazo: trasladar gastos impropios del sistema a los Presupuestos del Estado (pero sin explicarnos qué nuevos impuestos se crearán para hacer frente a ese sobregasto), abrir la puerta a un impuesto genérico sobre los robots (sin especificar qué cabe entender por robot o cuánto recaudaría semejante figura fiscal) y, sobre todo, penalizar las jubilaciones anticipadas para retrasar la edad efectiva de jubilación.

Esta última es, no lo olvidemos, la propuesta estrella del ministro Escrivá: propuesta estrella que, sin embargo, y a tenor de las nuevas previsiones de la AIReF, no permitirá equilibrar durante los próximos 30 años el agujero de la Seguridad Social. En el mejor de los casos, logrará que el sistema ‘solo’ acumule una deuda adicional equivalente a 56 puntos de PIB del año 2050. Y todo ello bajo supuestos bastante excepcionales (como que España se aproximará al pleno empleo) o compromisos políticos poco probables (como que el factor de equidad intergeneracional entrará próximamente en vigor a pesar de que el Pacto de Toledo no se haya pronunciado sobre esa cuestión). Cómo encaja ese brutal aumento del endeudamiento de la Seguridad Social con la muy delicada situación financiera en que quedará el Estado español tras la crisis del covid-19 es algo sobre lo que nuestros políticos tampoco han tenido ocasión de pronunciarse en este histórico acuerdo del Pacto de Toledo.

Parece, más bien, que el auténtico pacto político al que llegaron los partidos la semana pasada fuera un pacto de silencio sobre la auténtica gravedad del no resuelto desequilibrio financiero de la Seguridad Social.