ABC 30/09/16
EDITORIAL
EL presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, superó la parodia de cuestión de confianza a la que se sometió para escenificar el acuerdo con los separatistas de la CUP, a cambio de convocar un referéndum por la independencia en septiembre de 2017. Los nacionalistas catalanes han protagonizado su enésima versión secesionista, en un movimiento circular que conduce al engaño de los catalanes, porque el Estado no permitirá una consulta inconstitucional ni una alteración unilateral del pacto constituyente de 1978. El nacionalismo catalán se encuentra estancado en la inutilidad de su proyecto separatista y solo cambia los escenarios para dramatizar mejor su victimismo y sus quejas al Estado. Lo que calla es que la supervivencia económica de Cataluña depende de las aportaciones del Estado, porque la Administración catalana no encuentra otras vías de financiación para pagar sus quebrados servicios públicos. Los verdaderos problemas de los catalanes se van imponiendo al aventurerismo nacionalista y harán encallar el «proceso de desconexión». El separatismo está haciendo más daño a Cataluña que al resto de España. El protagonismo político en esta comunidad ya no lo tiene una formación nacionalista pragmática, burguesa y a ratos moderada, como era CiU, sino unos grupos radicales de izquierda, anticapitalistas y antieuropeístas que proponen para Cataluña una sociedad intervenida y dirigida en todos sus aspectos.
No basta con esperar a que el proceso se pudra. El Estado sigue teniendo la obligación legal de velar por el orden constitucional y de no permitir que las instituciones legitimadas por la Constitución sean utilizadas contra ella. Es hora de que los requerimientos del TC y las advertencias de la Fiscalía se traduzcan en la exigencia de responsabilidades concretas contra aquellos dirigentes que están lanzando a Cataluña al caos político y la marginación europea.