Cuando se saca a pasear la parábola del hijo pródigo, hay que ponerse en guardia. La enseñanza evangélica que remite a la humildad y al arrepentimiento del hijo que vuelve a la casa de su padre después de dilapidar la herencia cobrada en vida se ha ido releyendo para justificar todo tipo de chapuzas morales en nombre del habitual ‘buenismo’ desnortado que se reclama como muestra de superioridad moral. Tanto es así que, en la interpretación ya casi dominante, el hijo pródigo sigue siendo un golfo necesitado de más dinero y el padre, un pobre hombre al que el hijo toma el pelo.

De nuevo, el hijo pródigo vuelve a aparecer en los análisis del club de fans de la amnistía con el mismo propósito de revestir la impunidad como valor moral e inventar en Puigdemont un inexistente arrepentimiento, menos aún un discreto regreso a ‘la casa del padre’; es decir, a la legalidad constitucional.

¿Puigdemont, hijo pródigo? El prófugo secesionista es la antítesis de este personaje. Es como si, en la parábola, volviera a la casa de su padre para dejarle claro que tenía que seguir manteniéndole, que no se le ocurriera no hacerlo porque entonces causaría su ruina, que se fue a gastar la herencia porque el bueno del padre era un tipo insoportable y que le vigilaría muy de cerca por si se le ocurriera incomodarle con alguna obligación.

Lo estupefaciente del acuerdo entre el PSOE y Junts obliga a sus defensores a echar mano de la fantasía para hacernos creer que el pacto dice lo que, en realidad, no dice. Y sí, la verdad es que el pacto contiene una amnistía vergonzosa; sí, prevé que el Congreso mediante comisiones de investigación revoque decisiones judiciales y sustituya a los jueces a la hora de determinar quiénes son los beneficiarios; sí, contiene la aceptación por parte del PSOE de que un referéndum de autodeterminación cabe en la Constitución por la vía del artículo 92.2, aunque, muy recatados ellos, los socialistas digan que ellos quieren reformar el Estatuto catalán. Sí, el pacto contiene la cesión de todos los tributos que se recaudan en Cataluña, todos. Y sí, el acuerdo contiene una mediación internacional en las negociaciones entre el Gobierno y Junts que va a dar lugar a un episodio continuado de degradación del propio Estado.

Si se hace caso a otros análisis no menos triunfalistas del entorno mediático gubernamental, se podría pensar que Puigdemont está destrozado por su fracaso, que los socialistas le han colado una goleada y él, sin enterarse, porque, aunque el fugado sedicioso no se haya dado cuenta, créanlo o no, ha aceptado la legalidad constitucional, ha renunciado a la unilateralidad y todo lo demás son baratijas de una negociación en la que los de Junts han sido engañados. Naturalmente que nada de esto aparece ni aparecerá en el pacto ni en la interpretación que haga Puigdemont. Que el Gobierno dependa del fugado no es relevante para los exégetas del socialismo.

Tampoco parecen haberse planteado qué ocurrirá cuando vuelvan a intentar la secesión después de que la protección de la integridad constitucional ha sido desmantelada (sedición, malversación) y se han legitimado mediante la amnistía unas conductas que de ser delictivas han pasado a considerarse como expresiones políticas legítimas.

El sarcasmo, las lecturas abiertamente falsas de lo que implica el acuerdo pretenden tener un efecto anestésico y solo consiguen hacer más evidente que lo indefendible de un pacto de estas características tiene que ser oscurecido por interpretaciones extravagantes y voluntaristas. Quieren dar vuelo histórico a algo que empieza y acaba en la necesidad de Pedro Sánchez de conseguir los siete votos de Puigdemont que le aseguren la investidura. Lo demás, cuando venga, vendrá. Ese desentenderse de las consecuencias de lo que se ha firmado es lo que define la irresponsabilidad. Mientras eso llega, escucharemos a todas horas eso del Gobierno de coalición «progresista» -en manos de Puigdemont, otro sarcasmo- y, por supuesto, mucha estabilidad garantizada también por aquel.

Ciertamente, no acaba aquí el sarcasmo. Sabemos que el PNV ha conseguido la cesión del régimen económico de la Seguridad Social. Ocurre que el déficit del sistema de pensiones en el País Vasco se ha duplicado en una década. El desfase entre pagos y cotizaciones es de más de 4.300 millones de euros, y subiendo. Parecería una simple ocurrencia que, en estas circunstancias, el PNV se sienta legitimado para pedir esa cesión y el Gobierno en funciones la haya aceptado.