ALBERTO AYALA-EL CORREO

En política, casi ninguna decisión suele ser casual. Más allá de errores como el que cometió en su día el diputado del PP Alberto Casero al emitir su voto y que hizo posible la aprobación de la reforma laboral tras el engaño de los dos diputados tránsfugas de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Todo suele tener un porqué. Se diga o sólo se intuya.

En Euskadi, donde afortunadamente todavía es posible asistir a acuerdos entre el Gobierno de coalición PNV-PSE -que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico- y la oposición, se anunció hace sólo a unos días un importante pacto entre el Gabinete Urkullu y Elkarrekin Podemos-IU para reformar la RGI. Un acuerdo que no fue posible la anterior legislatura, lo que obligó al Ejecutivo, entonces en minoría en la Cámara de Vitoria, a retirar su propuesta.

¿Por qué entonces no y ahora sí? Porque ambas partes han pactado que la prestación pueda percibirse desde los 18 años y no desde los 23 como sucede ahora. Hoy más de 50.000 personas cobran la renta, de los cuales alrededor de 12.000 son pensionistas.

Es evidente que este compromiso ayuda a Podemos a que se visualice la utilidad de su trabajo, y en un asunto no precisamente menor. Algo especialmente necesario para la formación morada que, según todos los sondeos, sigue retrocediendo posiciones tanto aquí como en el resto de España.

¿Y los socios qué ganan con este pacto preventivo? Dan un protagonismo político a la formación de izquierdas que puede ayudarle a parar la sangría de votos hacia EH Bildu. En el caso del PNV, con la mirada puesta en las municipales y forales de mayo donde parte con mucha ventaja pero no las tiene todas consigo en Vitoria -la valoración del actual alcalde jeltzale, Gorka Urtaran, apenas alcanza un 4,2 y aún no es seguro que repita como candidato- o en Gipuzkoa. En el de los socialistas, porque la reelección de Pedro Sánchez dependerá de que el PSOE aguante, sí; pero también de que la izquierda de la izquierda -¿de Yolanda Díaz?- no se desplome.

Donde urgen pactos, aunque no es seguro que vayan a llegar a corto plazo es en Cataluña, una vez que ERC ha conseguido que Junts, el partido de Puigdemont, cometa el inmenso error de abandonar el Govern del republicano Pere Aragonès. Esquerra cuenta con solo 33 de los 135 integrantes del Parlament, una cifra totalmente insuficiente para gobernar con una mínima estabilidad, aunque cuente con el apoyo de los comunes.

El PSC, que ganó las últimas elecciones, es quien tiene la llave de la estabilidad catalana. Un PSC al que los republicanos, en especial su líder Oriol Junqueras, siguen despreciando, mientras llegan a acuerdos con el PSOE en Madrid para garantizar la estabilidad al Gobierno PSOE-Unidas Podemos.

La disyuntiva a corto plazo es clara. O ERC convence a Sánchez para que el PSC sujete a Aragonès a cambio de mantener a él en Moncloa sin demasiados sobresaltos o ambos saldrán tocados, lo que dudo.