Esto es lo que comúnmente se entiende por un juego de suma cero. Si alguien gana, alguien tiene que perder. El presidente dijo que todas las comunidades ganarán porque «van a tener más recursos que compromete el Estado…». Esa es la cuestión. Para que la suma de las partes pase del 100% al 140%, alguien pondrá el 40% que falta, y ese alguien es, naturalmente, el Estado, el pagano.
Parecía que el asunto de la financiación autonómica se le presentaba cuesta arriba a Zapatero, en su roce con Montilla, pero le bastó recibir a algunos presidentes de comunidad, regalarles la oreja como sólo él sabe hacer con las visitas y zas, en menos que se tarda en decirlo, la crisis había pasado a aumentar la brecha que ya había de por sí entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Un artista, ya digo.
Una vez aceptada la primera premisa (la crisis es del PP), vayamos a la segunda: la única manera de que todas las comunidades se queden satisfechas con la nueva financiación es que todas reciban más dinero. Ni una sola puede quedarse como está, so pena de que su presidente caiga en depresión profunda y se queme a lo bonzo en lo alto de un edificio emblemático de su comunidad: si es el de Castilla y León, en el Acueducto de Segovia; si es el de Extremadura, en el Teatro Romano de Mérida, y si fuera el gallego, en lo alto del Pórtico de la Gloria.
Esto es lo que comúnmente se entiende por un juego de suma cero. Si alguien gana, alguien tiene que perder. El presidente dijo el viernes que todas las comunidades ganarán porque «van a tener más recursos que compromete el Estado…». Esa es la cuestión. Sólo hay una manera de que la suma de las partes pase del 100% al 140%: que alguien ponga el 40% que falta, y ese alguien es, naturalmente, el Estado, que, si bien no es todavía en puridad un estado laico, sí puede ser considerado pagano con toda justicia.
Va a aumentar la transferencia de los principales impuestos a las autonomías (IVA e IRPF hasta el 50%, Impuestos Especiales hasta el 58%). No hay riesgo alguno de que las CCAA hagan uso de la capacidad normativa de que disponen para poner impuestos nuevos o elevar los que gestionan, con el fin de aumentar sus recursos y mejorar su financiación. Nuestras autonomías están especializadas en el gasto, no en recaudación, con la salvedad expresa de las dos forales, que no son precisamente un modelo en la observancia del principio de equidad invocado ayer por Pedro Solbes.
No es un asunto de menor importancia que la cesión de impuestos en las proporciones señaladas pueda convertir algunas comunidades en superavitarias. Esto no es en sí mismo un problema. Pueden pedir consejo al País Vasco y Navarra sobre qué hacer con el dinero cuando nos sobra, aunque este periódico publicaba el domingo pasado algunos ejemplos notables de lo que la inventiva autonómica puede llegar a idear para gastar hasta el último céntimo del contribuyente. Pero sí resultaría un curioso concepto de la solidaridad y la cohesión territorial que, mientras a algunas autonomías les sobra el dinero, el Estado tenga que incurrir en déficit para cubrir las necesidades básicas de otras. En contra de lo que parece pensar el Gobierno, los ciudadanos no somos sólo beneficiarios de servicios autonómicos, sino también los paganos de ese Estado dimisionario y de las embajadas y los gastos suntuarios de algunos representantes autonómicos.
La cesión de impuestos tiene un problema añadido: que reduce las herramientas del Estado frente a las crisis. De los instrumentos clásicos, política monetaria y política fiscal, la primera se la hemos cedido a la UE y la segunda la estamos repartiendo entre las autonomías. Es en época de crisis cuando cobra especial sentido la definición de Economía que explican los manuales clásicos: ciencia que trata de la asignación de recursos escasos y susceptibles de usos alternativos. En una de sus dos legendarias tardes, Jordi Sevilla debió leerle la primera página del Basil J. Moore o del Paul A. Samuelson.
Santiago González, EL MUNDO, 31/12/2008