De entrada, cabe subrayar que es una buena noticia para los intereses generales que los Presupuestos de 2017 vean la luz. Es el instrumento básico para la gobernabilidad. Sin ellos, la legislatura habría quedado herida de muerte, lo que sitúa en una cierta esfera de irresponsabilidad a los partidos mayoritarios de la oposición, como PSOE o Podemos, que se han negado siquiera a intentar negociarlos con el Gobierno. Pero el respaldo del PNV no sale gratis; todo lo contrario. Y resulta preocupante la claudicación en asuntos financieros bien sensibles para atraer al nacionalismo vasco, que sigue entendiendo la negociación presupuestaria como un mercadeo inadmisible. En este caso, no ha dudado en aprovechar la debilidad parlamentaria del Ejecutivo para apretar las tuercas de un modo un tanto obsceno.
Así, el PNV arranca la devolución de 1.400 millones de euros a cuenta de la cantidad total aportada por Vitoria estos últimos años a través del cupo sobre la que discrepaban el Gobierno vasco y Moncloa. El primero sostenía que había abonado 1.600 millones de más. En Madrid se rechazaba esa lectura. Sin embargo, Montoro, de la noche a la mañana, da la razón a los nacionalistas y se compromete a devolver los citados 1.400 millones. No sólo eso. Desde 2011, estaba prorrogado el cupo vasco, que se debe revisar cada cinco años, porque la falta de acuerdo entre las dos Administraciones ha impedido en todo este tiempo su renegociación. Pues bien, la necesidad de apoyo a las cuentas ha sido un milagroso bálsamo de Fierabrás que ha desatascado el contencioso. Y el PNV consigue una rebaja del cupo de más de 500 millones anuales. Se fija en 956 millones, 540 menos que en 2016. Una cantidad sorprendente, por más que se justifique en que buena parte se debe a la transferencia de las políticas activas de empleo que Vitoria gestiona desde 2011.
El ventajismo negociador del PNV y el resultado final levantan ampollas. Porque no parece de recibo que un asunto como el concierto –convenio en Navarra–, el sistema fiscal diferenciado, y a todas luces ventajoso, con el que cuentan las tres provincias vascas y la Comunidad Foral, sea el centro de la negociación de los Presupuestos de todo el Estado. Está dentro de la lógica que los Gobiernos en minoría hagan concesiones a partidos muleta como el PNV a cambio de apoyo a las cuentas. Siempre ha sido así. Y en el inevitable regateo éstos suelen arañar algunas transferencias de servicios o infraestructuras –también ahora el PNV ha conseguido el codiciado desbloqueo de los accesos del Tren de Alta Velocidad a las capitales vascas–. Pero lo del cupo parece una regalía demasiado onerosa. Recordemos que el concierto económico es una peculiaridad fiscal basada en los derechos forales recogidos en la Constitución. Es el marco legal que permite a las Haciendas vascas recaudar todos los impuestos en sus territorios. Y el cupo es la cantidad con la que contribuyen a la Hacienda estatal por servicios que reciben del Estado, como Defensa, relaciones exteriores, la Corona, infraestructuras nacionales, etcétera.
El concierto ha incrementado las diferencias de renta existentes con otras comunidades. Pero no es el sistema en sí el que está en cuestión, entre otras razones porque su devolución a Vizcaya y Guipúzcoa en la Transición se debió a un gran acuerdo político que nunca han objetado PP y PSOE. Lo que en cambio sí ha sido más que discutible siempre es el modo en que se calcula el cupo y su cuantía. Innumerables estudios demuestran que el País Vasco paga mucho menos de lo que debiera a la Hacienda estatal por su participación en los servicios centrales. Y no digamos ya en concepto de solidaridad interterritorial.
Así las cosas, se agranda aún más el privilegio que comporta un sistema fiscal diferenciado dentro de la unidad de España, único por sus características en la UE. Pero, además, en mal lugar dejan estas concesiones a los partidos estatales en Euskadi. Porque permiten que el PNV siga enarbolando que es el único que arranca beneficios al Gobierno central. Prebendas que, encima, victimizan aún más al independentismo catalán. Mal negocio para España, aunque necesite Presupuestos.