Pero el PSOE no puede mantener impertérrito su discurso cuando el magistrado cede a la Audiencia las pesquisas sobre la procedencia del dinero en ‘cash’ en sobres con membrete del partido, con el que se abonaban gastos de representación a los dos imputados. Las explicaciones ofrecidas por su dirección no le bastan a Puente para considerarlas verosímiles; y esto es lo más inquietante para la sigla que hoy dirige el país. El juez observa indicios bastantes para que se fiscalicen esos pagos ante el descontrol observado en los mismos y la posibilidad de que estuvieran encubriendo una maniobra de «blanqueo». Y lo hace, además, tras recibir los argumentos de Ferraz y de escuchar el testimonio, este mismo miércoles, del exgerente Mariano Moreno y de otra empleada conocedora de esos abonos.

Una vez más, será la instrucción judicial la que determine si la mecánica de pago de gastos del PSOE incurrió en algún ilícito y, en el supuesto de que se verifique, cuál es su alcance. Pero lo que resulta difícilmente sostenible es que los socialistas, como se ha afanado en subrayar el propio presidente del Gobierno, comparecencia en el Senado incluida, insistan en que esas retribuciones en metálico «contra factura» son la práctica habitual cuando el recurso al ‘cash’ se ha venido desterrando desde hace años precisamente para evitar corruptelas; cuando se sustituyen las transferencias bancarias por el traslado físico de dinero -hasta un millón de euros entre 2027 y 2024- desde la cuenta del PSOE en el BBVA; o cuando era Koldo García, sin cargo orgánico conocido, el encargado de una función tan desconcertante como la de recibir esos pagos por gastos y repartirlos. Insinuar, como hizo ayer Patxi López, que el juez del Supremo actúa con intención política para favorecer al PP se antoja un simple parapeto que no exonera a los suyos de ofrecer las explicaciones creíbles que, según la justicia, no están dando.