Juan pablo Colmenarejo-Vozpópuli
Sánchez ya habla de «patria de la gente» como cuando Iglesias y Errejón proponían juntos “dar un patada al tablero”
Mientras en el Congreso volaban las citas de Chesterton, Orwell, Huxley o Camus, como si de un concurso tuitero se tratara, la confirmación de la realidad del presente desastre económico, pasada a limpio con números sin trucar, dejaba en ridículo a la colección de frases solemnes -construidas con las palabras de otros- cuyo objetivo era el de encontrar un hueco en el mármol parlamentario. La Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) le quitaban el velo paternalista a una situación que el Gobierno recrea demostrando “la dificultad de relación que tiene con la verdad”, como dice Fernando Savater. Tampoco el resto de intervinientes en el debate se atrevió a llamar a las cosas por su nombre. Ocurrió ya en la crisis del euro, en 2008. Cuando el problema estaba a flor de piel ya era tarde para reconocer solo su mera existencia y actuar en consecuencia. Se puede negar una crisis de muchas maneras. También inventando palabras para su camuflaje.
A la misma hora en la que el presidente Sánchez pedía una prórroga para mantener el mayor poder que jamás ningún jefe de Gobierno ha tenido desde el comienzo de la democracia del 78, los números cantaron en frío. Las cifras anuncian el colapso. El paro, sumados los empleados metidos en un ERTE, alcanza los ocho millones; el déficit público según la AIREF va a ser este año 2020, como mínimo 110.000 millones de euros; la deuda pública, impagable hasta dentro de 20 años y por último un empobrecimiento general que se reflejara en una caída de un 12% de dicho Producto Interior Bruto. Hay demasiado ruido en las redes que se traslada al Parlamento. Cuanto más tarde se acepte la realidad, peor será la salida. La adolescencia en política tiene un precio.
No nos hablan de reactivación sino de reconstrucción porque la oportunidad para hacer un orden nuevo es una tentación que ya no vive arriba sino al lado. O se reactiva a la sociedad, personas y empresas, o se crea una ‘nueva normalidad’ de modelo asistencial imposible de financiar sin una serie de decisiones, por cierto, del todo incompatibles con el espacio común europeo llamado euro. Sánchez ya habla de «patria de la gente» como cuando Iglesias y Errejón proponían juntos “dar un patada al tablero”. La Unión Europea mira con algo más que preocupación. En el centro y el norte de la UE han detectado una fragancia de aroma “peronista”, tal y como dice el politólogo Javier Redondo.
La alarma se ha prorrogado otros quince días. Como ha escrito aquí en Vozpópuli, Álvaro Nieto, “no es un problema de salud sino de libertad”. El Estado tiene la obligación de protegernos del virus. Su responsabilidad es poner al servicio de la ciudadanía todos los medios a su alcance. Y si es posible estar preparado para responder, algo que con el número de fallecidos y de personal sanitario contagiado queda demostrado que no.
Al Gobierno no se le puede reprochar el virus sino la gestión que ha hecho de sus consecuencias demostrando una pulsión autoritaria en sus decisiones. Sánchez e Iglesias han hecho de la alarma una excepción. No es casualidad que tanto juristas de reconocido prestigio como lo más selecto y variado de la cátedra hayan cuestionado el recorte de libertades y derechos individuales amparado en la alarma, vulnerando el espíritu y la letra de la Constitución. Mientras no acabe esta epidemia no podremos poner negro sobre blanco el error cometido pero la advertencia del magistrado Manuel Aragón sobre el peligro de la instauración de una “dictadura constitucional” queda dicha y sobre todo escrita (El País, 10-04-2020).
Desde el 14 de marzo estamos sometidos a una reclusión domiciliaria vigilada por un sistema de multas contempladas en una ley que los partidos del actual Gobierno bautizaron como “mordaza”
No estamos confinados como Unamuno en Fuerteventura porque aquello fue un destierro ordenado por la dictadura de Primo de Rivera. Nos han recluido en casa. Desde el 14 de marzo estamos sometidos a una reclusión domiciliaria vigilada por un sistema de multas contempladas en una ley que los partidos del actual Gobierno bautizaron como “mordaza”. La fiscal de sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, afirma que estamos en un cautiverio (El Mundo, 04-05-2020) y tiene razón porque esa es la realidad que nos visten de seda.
La crisis económica avanza, aplasta y no hace prisioneros, siguiendo la metáfora bélica que tanto gusta al presidente Sánchez. Si a los avisos de la Organización Mundial de la Salud no hicieron caso, deberían aprender la lección y tomar buena nota de las certezas que servicios públicos y privados de estudios económicos le están sirviendo con rigor y sin miedo a la verdad. En muchas ocasiones el drama no es darse cuenta de lo que uno tiene delante de las narices sino evitar reconocerlo para ganar tiempo que a estas alturas es un bien escaso. Las palabras calientes se van en segundos, los números fríos se quedan petrificados.