Pablo Gabilondo-El Confidencial
En 2017, Junts per Catalunya le tendió la mano para que cambiara los tapices con el escudo nacional por el lazo amarillo en la solapa, y esta semana ha acudido representándolo al Supremo
«Es un juicio a la democracia y nos estamos jugando derechos sociales, políticos y humanos». Así de contundente se pronunció este jueves la diputada de Junts per Catalunya Teresa Pallarès frente al Tribunal Supremo. La proclama es similar a las lanzadas en las últimas semanas por su partido, pero la portavoz en esta ocasión presenta una trayectoria que choca con su actual postura: antes de dar el salto a las filas de Carles Puigdemont, ella misma ejerció entre 2008 y 2011 de subdelegada del Gobierno de España en Tarragona.
En poco más de siete años, Pallarès ha pasado así de trabajar para el Gobierno a cargar contra él. «Yo también acuso a este Estado español de mentir, de vulnerar derechos fundamentales y de criminalizar el independentismo. Exigimos el archivo de la causa y por supuesto la libertad de todos los represaliados y represaliadas. No nos rendiremos«, aseguró el pasado noviembre en el Parlament. En su comparecencia frente al Supremo de este jueves, la que fuera subdelegada mantuvo una línea similar: «Hay algunas declaraciones que son francamente sorprendentes y que parece que vivían en una realidad que no se corresponde a la que más de dos millones de personas estábamos viviendo. Creo que tendrían que hacer una seria reflexión».
Pallarès dio el salto a la política de la mano del PSC y en 2003 se convirtió en concejala de Promoción Económica de Reus durante el mandato del socialista Lluís Miquel Pérez. La política se mantuvo en el cargo hasta 2006, año en que se hizo cargo de los Servicios Territoriales de Turismo y Comercio cuando los socialistas gobernaban en Cataluña. En 2007, pasó a un departamento gemelo, el de Servicios Territoriales de Energía y Turismo, y un año después se convirtió en la representante del Gobierno de España en Tarragona. De aquella etapa todavía quedan imágenes como la que encabeza este artículo, en la que se la puede ver despachando asuntos frente a un tapiz con el escudo de España.
Tras abandonar la Subdelegación del Gobierno en 2011, Pallarès volvió al Ayuntamiento de Reus, pero poco después decidió dejar atrás la política municipal. En noviembre de 2012, se convirtió en directora general de la Assosiació Empresarial Química de Tarragona, lo que la llevaría a vivir alejada de los focos durante cinco años. Su aventura empresarial dio un vuelco en 2017, cuando Junts per Catalunya le tendió la mano para que cambiara los tapices con el escudo nacional por el lazo amarillo en la solapa: la política aceptó y concurrió a las elecciones como número dos por la lista de Tarragona, consiguiendo el escaño que sigue ocupando a día de hoy en el Parlament.
Además de Pallarès, esta semana también se ha podido ver a otros antiguos miembros del PSC como Joan Ignasi Elena hablando en nombre del bloque independentista frente al Tribunal Supremo. El exalcalde de Vilanova i la Geltrú y antiguo diputado en el Parlament ejerce ahora como portavoz jurídico de ERC, función que el martes aprovechó para cargar contra la declaración del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo: «Vemos que se van confirmando nuestras tesis, y es que no han existido los delitos que la Fiscalía y la acusación popular atribuyen a nuestros representados y, por lo tanto, debería de haber una sentencia de absolución», afirmó a los medios. Llegada la cuarta semana del juicio del ‘procés’, las críticas contra el juicio han quedado en manos de dos exdirigentes del PSC.