Felipe VI pronunció un medido y completo discurso institucional. Un mensaje en el que no faltó una breve pero contundente referencia a los manejos de don Juan Carlos: «Los principios morales y éticos obligan a todos por encima de consideraciones personales o familiares».

¿Suficiente? Es cierto que sonó frío. Que don Felipe eludió ser explícito, como la gravedad del asunto quizás lo requería. Que, sin duda, no era lo que le hubiera gustado escuchar a muchos ciudadanos, ni lo que se había reclamado al monarca desde medios políticos y periodísticos progresistas y nacionalistas. Pero también es cierto que el mensaje de Navidad de un jefe de Estado no es un mitin. Y que Felipe VI obtuvo, de nuevo, el esperado aval de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

Hasta hace algunas semanas muchos opinadores dábamos por sentado que si el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos lograba que el Parlamento le aprobara las Cuentas para 2021 tendría el camino expedito para completar la legislatura. Los Presupuestos ya son una realidad. Que la legislatura vaya a agotarse está por ver, cada vez más. No se trata sólo de que el Gobierno Sánchez, tras chamuscarse en la gestión de la primera fase de la pandemia -como casi todos los Ejecutivos del mundo- haya decidido lavarse las manos en esta segunda. Dejarla en manos de las autonomías, propiciando una incomprensible ensalada de medidas que ha disgustado a muchos ciudadanos, en lugar de poner un cierto orden. Es que las trifulcas entre los socios complican el propio futuro del Ejecutivo.

Pablo Iglesias tiene claro que sin conflicto no hay avances sociales y que la única forma de rentabilizar su papel es publicitar, amplificar las discrepancias con sus aliados. No sólo. En demonizar a algunos compañeros-as de Consejo de Ministros, como Nadia Calviño. Y en ello está. De momento la estrategia le ha dado resultado en el capítulo de los desahucios. No así en lo que respecta a la subida de nueve euros -sí, sólo nueve- del Salario Mínimo Interprofesional. Calviño, que tiene ‘sugerencias’ de Europa de que vayamos metiendo la tijera aquí y allá, no quería ni oír hablar del asunto y Podemos se ha tenido que tragar su exigencia: el debate ha quedado pospuesto hasta la segunda mitad del próximo año.

Pero por delante nos aguardan asuntos de mucha mayor enjundia. A saber. La propuesta del PSOE de recortar la jubilación a los futuros pensionistas (elevando de 25 a 35 el periodo de cómputo), de nuevo para satisfacer a Europa. Amén de Cataluña. Y ya veremos si también Euskadi.

Sánchez va a cambiar la ley para suavizar las condenas por sedición y acortar la condena a los políticos catalanes condenados por el ‘procés’. Pero, además, baraja indultarles tras las autonómicas del 14 de febrero, pese a la fuerte oposición que suscita la medida, incluida la de los fiscales del Supremo. La insistencia de ERC y los Comunes para que lo haga antes de la cita con las urnas está condenada al fracaso, por su coste en votos.

Luego habrá que ver si PNV y EH Bildu se ponen de acuerdo para impulsar una propuesta de nuevo Estatuto vasco contra la opinión del PSE y del PP. Ortuzar tiene muy claro que el momento de mover ficha es mientras dure la actual legislatura. ¿Los cuatro años? Puede ser. Salvo que Pedro Sánchez se harte de su socio y las encuestas le sean favorables. O hasta que UP crea llegado el momento de forzar la ruptura por idéntico motivo.