Andoni Pérez Ayala-El Correo
- La crisis económica y social exige en Euskadi un amplio acuerdo, más allá de la aritmética parlamentaria, con la colaboración de oposición y agentes sociales
Realizadas las elecciones y conocida ya la nueva composición del Parlamento surgido de ellas, el periodo poselectoral que se abre ahora presenta una serie de características distintivas a las que conviene dedicar algo de atención. Aunque estas fechas de finales de julio no sean precisamente las más indicadas, hay que ser conscientes de que la forma en que se resuelvan las cuestiones que se están planteando en esta particular coyuntura postelectoral va a condicionar el curso de la legislatura y asimismo la suerte del Gobierno cuya próxima formación marcará del inicio de un nuevo periodo político.
No ha habido sorpresas en la composición del Parlamento vasco tras las elecciones; al menos, por lo que se refiere a las formaciones políticas troncales, tanto del Gobierno como de la oposición. Como ya preveían las encuestas, el respaldo parlamentario del Gobierno de coalición (PNV/ PSE-EE) se ha visto reforzado. Y asimismo el de la principal formación política de la oposición, EH Bildu. También han respondido a las previsiones demoscópicas el acusado retroceso de las otras dos fuerzas políticas (EP-IU y PP-Cs) que contaban con representación parlamentaria, si bien su anunciado, y confirmado, descenso electoral no afecta, en lo esencial, ni a la mayoría parlamentaria que respalda al Gobierno ni a la oposición.
Tampoco parece que vaya a haber novedades por lo que se refiere a la composición del nuevo Gobierno, que salvo sorpresas va a reeditar la coalición existente en la pasada legislatura. La única novedad que cabe reseñar a este respecto es la existencia de una mayoría parlamentaria clara, inexistente hasta ahora, que proporciona un respaldo suficiente al Ejecutivo para garantizar su continuidad. No es intrascendente este dato, ya que proporciona al próximo Gabinete un margen de maniobra para desarrollar su política del que carecía en la pasada legislatura, al tiempo que cierra el paso a cualquier posible coalición negativa de bloqueo, lo que nunca puede descartarse totalmente si se carece de la mayoría.
Contrasta esta continuidad, tanto por lo que se refiere al Gobierno como a la oposición, con los cambios que se han producido en estos últimos meses como consecuencia de la pandemia que sufrimos. Los graves problemas a los que va a haber que hacer frente tras estas elecciones nada tienen que ver con los que se planteaban en el momento de su convocatoria hace unos meses, el pasado febrero. Lo que exige, como primera medida en este periodo poselectoral, hacer un replanteamiento en profundidad de la agenda política y, sobre todo, de las prioridades a afrontar en este nuevo tiempo político; y ello tanto por lo que se refiere a las fuerzas integrantes del nuevo Gobierno como por lo que se refiere a las de la oposición.
En este sentido, conviene tener presente, a la hora de elaborar los planes para la legislatura que ahora comienza, que hacer frente a la crisis sanitaria (que no puede darse por concluida, como lo demuestra la reproducción de los rebrotes estos días) y, sobre todo, a la crisis económica y social, cuyos efectos se van a dejar sentir con especial intensidad en los próximos meses, sobrepasa ampliamente las tareas ordinarias de gobierno. Y, en consecuencia, va a ser necesario conseguir, más allá de la aritmética parlamentaria y de las relaciones habituales entre el Ejecutivo y la oposición, un amplio acuerdo que proporcione la cobertura social y política suficiente como para poder hacer frente con éxito a la situación que va a plantearse en los próximos meses.
A diferencia de otros periodos postelectorales, no basta en esta ocasión con aprobar, con la mayoría parlamentaria de que se dispone, un programa de gobierno para la legislatura; que sin duda es necesario, pero que en la s ituación actual debe estar enmarcado en un programa más amplio de reconstrucción social y económica que requiere también la colaboración, o al menos el no rechazo, de la oposición. Acordar las bases comunes que hagan posible un amplio acuerdo político de este tipo, en el que también han de tener cabida los agentes económicos y sociales, debe ser uno de los objetivos prioritarios en este extraño periodo postelectoral, que debido a la grave crisis que atravesamos presenta características muy distintas a las de cualquier otro hasta ahora.
Este año el periodo vacacional veraniego, condicionado de lleno por los efectos de la pandemia, coincide con un periodo postelectoral que, entre otras cosas, no es sino una manifestación de la falta de normalidad política (las elecciones a mediados de julio son una muestra de ello). Esta inusual coincidencia obliga a que, en fechas como éstas, tengamos que dedicar nuestra atención a las cuestiones reseñadas en estas líneas, lo que no es nada habitual. Como tampoco lo es el calendario político que nos estamos viendo obligados a seguir y que, a día de hoy y a expensas de la evolución que pueda tener la pandemia, no deja de ser de lo más incierto.