La política es maravillosa y provoca situaciones divertidísimas. Antes de acceder al Gobierno, el ministro Escrivá fue el jefe de la AIReF, que como sabe es el organismo independiente encargado de vigilar los comportamientos presupuestarios del Gobierno y la evolución de las cuentas públicas del Estado.

El viernes publicó un informe en el que pone de manifiesto la incapacidad de la reforma de las pensiones recién elaborada por su anterior jefe y acordada con sus colegas y los sindicatos, sin la participación de la patronal ni el consenso con la oposición, y señala la peligrosa deriva que adoptarán las cuentas públicas de seguir por ese camino dada la desastrosa evolución de la población nacional, incluida la emigración.

¿Cuál es ese camino que conduce al desastre? Pues el que llevamos años transitando, mezcla de un constante aumento de los gastos y uno mucho menor de los ingresos, a la vez que desoímos los angustiosos lamentos que nos envía la maltrecha demografía… Y lo más divertido es que el ministro ha dicho que está de acuerdo con las conclusiones del estudio que, como le digo, echa por tierra sus previsiones.

Llevamos años primando el contento popular sobre la cruda realidad, años de no querer enfrentarse a la realidad, años de tratar a la sociedad como a un menor al que no se quiere desairar. ¿Conclusión? Lo dice la AIReF, es decir los antiguos compañeros del ministro, su propio equipo de trabajo. Dan cifras tremendas y muy interesantes, aunque su interés no interese a nadie. ¿Por qué? Pues porque este asunto hay que tratarlo con visión de largo plazo –los cálculos van hasta el 2070– y eso es demasiado tiempo. Para los políticos porque no tienen esperanzas de seguir gobernando hasta tan lejos y para la mayoría de nosotros –para usted no, que es un crío y está estupendo– porque, simplemente, no tenemos esperanzas de verlo.

De seguir esta tendencia marcada por el acuerdo reciente, el gasto en pensiones sobre el PIB aumentará en 2,6 puntos, hasta el 16,2% en 2050, y eso hará que la deuda pública alcance ese año el 147%. Todo ello en comparación con el modelo anterior que incluía el denostado factor de estabilidad suspendido en 2018. Esta es la clave. Ni entonces se suspendió porque era malo, ni el modelo actual se aprueba porque sea bueno.

Todos los implicados en ello saben, y el que mejor lo sabe es el propio Escrivá, que moderar los gastos suscita el desagrado de los ciudadanos y que aumentar los ingresos castiga al empleo al encarecer las cotizaciones sociales. Pero todo eso a los gobernantes les da igual, les trae al pairo, les produce indiferencia. No quieren molestar y por eso se resisten con ferocidad a retocar hacia abajo cualquier prestación y no les preocupa castigar a las empresas porque esperan que el daño sea moderado y que, de producirse, aparezca más tarde, cuando ellos se encuentren sentados en otras sillas menos arriesgadas.

Pero hay que mantener la calma. Como le digo, todo esto ocurrirá dentro de mucho tiempo, cuando hayan pasado ya varios gobiernos y tendremos donde escoger para echarle la culpa a uno de ellos. Gobernar es elegir y discriminar y hemos decidido discriminar positivamente al presente aunque eso suponga castigar al futuro. Los trabajadores en activo deberán asumir el castigo parcial de unas mayores cotizaciones –con eso sí que nos atrevemos, porque en su inmensa mayoría lo pagan las empresas–, y apechugar con el peligro de una reducción de sus prestaciones futuras si se produce el improbable acontecimiento de que a algún gobernante le entre la sensatez por el camino. Si es así, yo no estaría demasiado preocupado…